Cada 6 de Diciembre, celebramos el día de la Constitución Española. Para muchos, puede que cada vez para más personas, simplemente signifique el comienzo del puente vacacional prenavideño que acostumbramos a tomarnos aprovechando que el día 8 volvemos a contar con un nuevo festivo a nivel nacional, el día de la Inmaculada Concepción.
Pero conviene recordar que lo que hoy conmemoramos es, nada más y nada menos, el día en que los españoles votaron –yo aún no había nacido- en referéndum la aprobación de nuestra vigente Carta Magna. Aquél día del pasado 1978, un 91,8% de los españoles llamados a las urnas votó en positivo a un texto que venía a sentar las normas básicas de nuestra convivencia. O, dicho de otra manera, las normas que habrían de sustentar nuestro ordenamiento jurídico y, en consecuencia, las que habrían de instaurar seguridad y concordia en una sociedad que acababa de deshacerse de varias décadas de dictadura.
Un buen puñado de derechos, libertades y deberes –sí, resulta que los ciudadanos también tenemos deberes y obligaciones- fueron reconocidos a todos los españoles dentro del Título I de nuestra Carta Magna. Eso que los juristas denominamos el núcleo duro de nuestra Constitución Española.
Sin embargo, muchos han sido los acontecimientos que han ocurrido en fechas recientes en nuestro país con motivo del resultado de las últimas elecciones generales celebradas el pasado día 23 de Julio, que, a juicio de este modesto letrado, ponen en entredicho de forma muy severa aquellos principios validados por ese 91,8% de los españoles allá por 1978 y, muy particularmente, aquellos que fueron consagrados como Derechos Fundamentales en dicho Título I.
Hablo, por supuesto, del tristemente célebre pacto PSOE-JUNTS que, a cambio de conceder la amnistía a los políticos implicados en el Procès de Catalunya y otra serie de cesiones inaceptables por parte del Gobierno de nuestra nación, ha terminado por aupar a Don Pedro Sánchez Castejón como Presidente del Gobierno por espacio de otra legislatura.
Dice el artículo 14 de nuestra Constitución Española que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y conviene también recordar que nuestro ordenamiento jurídico no contempla la amnistía como una de las causas de extinción de la responsabilidad criminal. No lo contempla ni nuestra Carta Magna ni el artículo 130 del Código Penal, precepto éste último en el que se tasan dichas causas.
Bien distinto es, aunque para el profano en leyes no lo parezca, que la Ley de 18 de Junio de 1870, aún en vigor, por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, prevea dicha institución, esto es, la del indulto, entendiendo como tal “la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el delincuente”, definición ésta contemplada en su artículo 4.
Para el profano, sin tener cabida legal la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico, ese que se levanta sobre nuestra Constitución Española, esa que fue validada por el 91,8% de los españoles hace hoy 45 largos años, sólo cabe conceder el indulto a aquella persona que haya cometido un delito, sea cual sea, y que habiéndose sometido a los Tribunales haya resultado condenado a la pena de prisión legalmente establecida sin que, obviamente, haya cumplido dicha condena pues, obviamente, caso contrario, se habría extinguido su responsabilidad criminal.
Para el profano, sin que quepa la amnistía porque no está expresamente prevista ni en nuestra Constitución ni en ninguna otra norma de nuestro ordenamiento jurídico, no cabe conceder indulto ni a Carles Puigdemont ni a ninguno de los políticos que huyeron de nuestro país con motivo del Procès catalán, simple y llanamente porque ninguno ha sido condenado en sentencia. Y ¿por qué? Porque ninguno de ellos se ha sometido a los Tribunales españoles.
Para el profano, conceder amnistía a esos políticos equivale a infringir nuestras normas previamente establecidas o, lo que es lo mismo, infringir las reglas del juego. Para el profano, conceder la amnistía a esos políticos a cambio de intereses partidistas –me atrevería a decir que más personales que partidistas- equivale a ningunear ese “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” que proclama nuestra Carta Magna.
Hay más. Los acuerdos alcanzados entre PSOE-JUNTS que han sido publicados en prensa contemplan que el poder ejecutivo –para el profano, el Gobierno- pueda perseguir a todos aquellos jueces y magistrados que, según el propio ejecutivo, hayan dictado sus resoluciones judiciales movidos por intereses políticos ocultos –motivos espurios diríamos los juristas-, en lo que es una total injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial.
No es esta una cuestión menor. Que el poder ejecutivo pueda inmiscuirse deliberadamente en el poder judicial conlleva la vulneración de otro de los principios fundamentales que consagra nuestra Constitución Española: la separación de poderes sobre el que se sustenta el Estado, social y democrático de Derecho al que se alude en el artículo 1 de nuestra Carta Magna.
Para el profano, resulta que ahora por cuestiones partidistas –me atrevo de nuevo a apostar a motivos más personales que partidistas- se podría condenar a determinados jueces simple y llanamente por hacer su trabajo. Por dictar sentencias según las reglas del juego previamente establecidas por el poder legislativo y aprobadas por el poder ejecutivo. Por eso un colectivo tan reacio a hacer pronunciamientos públicos como son los jueces han decidido esta vez realizar todo tipo de comunicados contra la amnistía y contra el “lawfare” o capacidad de perseguir a los jueces por los motivos que hemos explicado anteriormente. Lo han hecho todos los jueces, los que simpatizan con la izquierda y los que lo hacen con la derecha. Porque, sí, para el profano, en esto de la justicia también hay asociaciones progresistas y conservadoras.
Para el profano, atentar contra la separación de poderes y aglutinar en un único organismo –el Gobierno- la capacidad para legislar, gobernar y juzgar, lejos de significar progreso, significa retroceso. Lejos de hablar de progresismo, habla de vuelta a esa etapa a la que, precisamente, pusimos fin los españoles con la promulgación de nuestra Constitución Española.
No se vayan, aún hay más. Resulta que otro de los acuerdos que al parecer se han incluido en ese pacto PSOE-JUNTS consiste en que Catalunya tenga atribuidas todas las competencias a nivel tributario. Para el profano, que todos los impuestos que paguen los ciudadanos residentes en Catalunya sean para beneficio exclusivo de los catalanes. Ni que decir tiene que, muy pronto, se ha exigido el mismo trato desde el País Vasco, suponemos también que a cambio de complacer intereses partidistas o, una vez más, mucho me temo que tan sólo personales.
Y esta cuestión, a mí personalmente, me parece una de las más graves. Atenta directamente contra el principio de solidaridad entre Comunidades Autónomas que inspira nuestra Constitución Española. Para el profano, resulta que usted, que trabaja cuarenta horas semanales y paga una serie de impuestos, está contribuyendo al sostenimiento de una serie de servicios públicos, la sanidad y la educación entre otros, a nivel nacional, mientras que, según los acuerdos alcanzados entre PSOE-JUNTS, un ciudadano catalán, que también trabaja cuarenta horas semanales y que paga los mismos impuestos, estará contribuyendo sólo y exclusivamente al sostenimiento de los servicios públicos de Catalunya y no a los del resto del país como hasta ahora. Para el profano, el dinero que recaude el Estado con los impuestos que pague un ciudadano castellano-manchego o andaluz o murciano irá destinado al beneficio de todos los españoles. También de vascos y catalanes. Sin embargo, lo recaudado por los ciudadanos vascos o catalanes irá exclusivamente al beneficio de vascos y catalanes. Ni para los castellano-manchegos ni para los andaluces ni para los murcianos ni para ningún otro español. O dicho de otro modo, para el profano, que lo tuyo es mío y lo mío…también.
En esta tesitura, no poca ha sido la crispación que hemos venido viviendo en las últimas semanas en nuestro país. Unas semanas que han sido tildadas por la prensa internacional como las de mayor crisis institucional en los últimos cincuenta años en nuestro país. Para el profano, desde que existe democracia. Hemos vivido concentraciones, unas más cívicas que otras, en diferentes sedes del PSOE a lo largo y ancho de nuestro país. Hemos asistido, abochornados –o al menos hablo por mí- a una agresión a un concejal socialista en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda al grito de traidor, o comprobado cómo un grupo político al completo se marchaba del Congreso de los Diputados tras la intervención de su líder en el debate de investidura del Sr. Sánchez Castejón para desplazarse hasta la sede socialista en Ferraz.
Anécdotas, por llamarlo de alguna manera, que no hablan nada bien de la situación que estamos viviendo a día de hoy y que desde luego no comparto. Porque es evidente que nos han mentido en la cara. Y que esta mentira no es como aquella en la que, para el profano, se promete instalar cincuenta papeleras en campaña electoral y luego, una vez en el poder, sólo instalamos veinticinco. Es algo mucho más importante. Es una mentira que atenta contra las bases de nuestra convivencia. Pero no por ello ha de encontrarse justificación en tales bochornos.
No, Sr. Presidente, usted y sus ministros no pueden declarar hace tres meses que la amnistía no iba a darse porque era ilegal y ahora acordarla interesadamente aún a sabiendas de que continúa siendo ilegal porque sencillamente es condición indispensable para que le apoyen y usted pueda mantenerse en el poder. No puede hablarnos de concordia nacional ni de cambios de opinión. Pero tampoco ayudamos a cambiar el mundo con cánticos ofensivos hacia la persona del Sr. Sánchez. No nos engañemos, situaciones como las que hemos vivido estas últimas semanas sólo ayudan a que vuelva a hacerse palpable el sentir de las dos Españas enfrentadas. Ese sentir que durante tanto tiempo enemistó a vecinos e incluso familias y al que sólo nuestra Constitución Española supo poner fin.
He echado en falta que, en medio de todo este revuelo, algún altavoz autorizado se tomara la molestia de explicar, para el profano, en qué consiste todo este jaleo y qué consecuencias tiene. Un discurso constructivo que aglutine al conjunto de la sociedad civil. Tengo la triste impresión de que parte de la población de este país no se ha interesado en absoluto por lo que según la prensa internacional supone la mayor crisis institucional de nuestro país en cincuenta años. Y que la población no ha logrado entender el alcance de esta situación. Hemos olvidado muy pronto, en tan sólo 45 años, lo imprescindible del contenido de nuestra Constitución Española y nos quedamos con la simpleza del “ha vuelto a ganar Pedro Sánchez”.
Debemos ser conscientes de que salir y manifestarnos en defensa de nuestra Carta Magna no es un asunto de izquierdas ni de derechas. Como tampoco lo es pronunciarse en contra de la amnistía y de los siniestros pactos alcanzados a los que antes aludíamos. Es una cuestión de democracia, de salir en defensa de nuestra convivencia, de sensatez y de dignidad cívica y política.
Para el profano, defender nuestra Constitución es, entre otras muchas cosas, defender que todos seamos iguales ante la ley, que todos tengamos igualdad de oportunidades, que el destino de nuestros impuestos sea el beneficio de todos con independencia del territorio en el que se resida. ¡Salgamos a la calle! ¡Celebrémosla! ¡Defendámosla con dignidad!
¡Viva el 6 de Diciembre! ¡Y viva nuestra Constitución Española!
José Antonio Merchán Calatrava
Abogado en Puertollano.
