Este último proceso se inició como consecuencia de la negativa de la dirección del SCIS a anular la OEP, tal y como le solicitó el Ministerio a través de Subdelegación de Gobierno por incumplir la Ley de Presupuestos Generales en lo referido a la tasa de reposición estipulada y por no tener la autorización previa ministerial.
En lo que respecta a la Relación de Puestos de Trabajo de la plantilla del SCIS, definida en los presupuestos del organismo, el Ministerio también ha iniciado un recurso contencioso contra el fraude en la clasificación del personal laboral, pues se consideran irregularmente a 113 de ellos como fijos, a pesar de que, en realidad, hay 150 trabajadores indefinidos.
Esta discriminación supone, por ejemplo, que la OEP-2015 del SCIS afecte únicamente a los empleos de los 37 bomberos integrantes de la Plataforma.
Junto al contencioso del Ministerio, debe añadirse otro recurso presentado por varios ayuntamientos ciudarrealeños adscritos al propio consorcio del SCIS, que impugnan los Presupuestos de 2017 por mantener la clasificación de la plantilla falseada desde hace varios años.
La portavoz de la Plataforma de Bomberos ha informado de la recusación de la funcionaria de Inspección de Trabajo encargada de los expedientes abiertos contra el consorcio por acoso laboral y discriminación. El motivo de esta recusación se fundamentó en el conflicto de interés existente entre la inspectora, al ser esta concejala en un ayuntamiento adscrito al SCIS y pertenecer al mismo partido político que el presidente del consorcio, Julián Nieva (PSOE).
Desde la Plataforma confían en que, aprobada la recusación, las investigaciones en curso de las denuncias presentadas procedan con todas las garantías.
Por otro lado, el sindicato C-SIF ha denunciado algunas irregularidades directamente relacionadas con algunos miembros de la dirección del consorcio: un nuevo conflicto de interés, donde el gerente del organismo, Santiago Salinas, es el redactor de las bases de la OEP-2015, a la que se presenta su hijo, además de ser sorprendido en el centro de trabajo estando en situación de baja laboral; y la investigación que la Fiscalía ha iniciado contra el secretario del consorcio, José Enrique de Luna, por percibir un salario de categoría superior a la correspondiente, tras la denuncia que presentó el sindicato C-SIF la Plataforma de Bomberos por apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público, a causa de su implicación en la clasificación de personal y la OEP.
En lo que respecta al presidente del consorcio, han sido varias acciones de Julián Nieva las denunciadas en rueda de prensa: incumplimiento de la dedicación exclusiva que exige la presidencia del consorcio, ya que Julián Nieva también es alcalde del municipio de Manzanares; uso del vehículo oficial del consorcio para otras actividades ajenas a su trabajo en el SCIS; incumplimiento de los acuerdos con la comisión paritaria y el convenio colectivo en el nombramiento del nuevo Jefe de Parque de Ciudad Real; y ausencia de información requerida por los ayuntamientos consorciados y la plantilla del SCIS.
Desde la Plataforma recuerdan que el consorcio del SCIS es el único organismo que no lleva a cabo las exigencias de la Ley de Transparencia, de obligatorio cumplimiento desde diciembre de 2015.
Denuncian, además, que todos los recursos y las solicitudes presentadas por el sindicato C-SIF y el colectivo de bomberos dentro del consorcio son desatendidas, incluidas las propuestas y necesidades que el servicio contra incendios reclama para que la calidad del servicio público sea la que los ciudadanos de Ciudad Real merecen y esperan: cursos de formación; mejoras en los parques, el equipo y los vehículos; y, frente a la postura de los dirigentes actuales del SCIS, un aumento de la plantilla, sin despidos y consolidando los puestos de trabajo de los 150 trabajadores indefinidos.
Fuente: Sindicato CSIF
.gif)
