Los servicios sociales mejoraron en 2022 en doce autonomías, aunque las administraciones han ralentizado el gasto que dedican a estas prestaciones y siete comunidades lo hacen de manera "débil" o incluso "irrelevante".
Así lo refleja el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2022 (Índice DEC), una evaluación que realiza cada año la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sobre el sistema público de protección social que se ha presentado este viernes en Madrid.El análisis muestra que las autonomías que empeoraron sus servicios sociales en 2022 fueron Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña pero que, a nivel estatal, se produjo una mejora en los servicios sociales, sobre todo gracias a los avances en la legislación.
Sin embargo, aunque las comunidades registraron la nota media más alta (5,35) desde que se elabora el estudio (2012), el análisis muestra que el "escaso incremento" presupuestario limita la oferta de servicios y prestaciones a la ciudadanía.
MEJORA LA NORMATIVA PERO LOS DERECHOS SE QUEDAN EN EL PAPEL
El "escaso desarrollo" de los servicios sociales para personas mayores y el "desmantelamiento" de los recursos destinados a la inserción social muestran lo que el coordinador del estudio, Gustavo García, ha tildado de “derechos de papel".
"A nivel nacional hablamos de derechos de papel. La normativa está muy bien pero la práctica no va acompasada. Es decir, los ciudadanos pueden pensar que serán atendidos ante una situación de dependencia, pero en muchos casos no es así. Miles de personas fallecen sin ver ese derecho reconocido porque pasan meses y a veces años hasta que lo reciben, lo cual es inhumano. Hay que reducir la retórica y aumentar la práctica", ha subrayado García.
Según este informe, Andalucía, Cantabria y Murcia disponen de unas prestaciones "irrelevantes" en esta materia; en Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid son "débiles"; en Baleares, Aragón, Galicia y Canarias son "medio bajas" y en Navarra, Castilla y León, La Rioja, Asturias, País Vasco y Extremadura, son "medias".
DETERIORO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES
Además, los servicios sociales dirigidos a las personas mayores registraron un estancamiento o incluso un retroceso tras la pandemia.
Así, el análisis refleja que las plazas residenciales públicas apenas han aumentado desde 2019 -seis centésimas- y que es en los servicios domiciliarios, en la ayuda a domicilio, en teleasistencia y en los centros de estancias diurnas donde el deterioro de la oferta de servicios sociales para personas mayores es más acusado.
"Esto hace difícil que se puedan llevar a cabo las estrategias de desinstitucionalización que se están impulsando desde las administraciones públicas", subraya el informe, que destaca también que desde 2014 los centros de día reducen poco a poco su "escasa cobertura", ya que han pasado del 1,10 % en 2014 al 1,05 % en 2021.
CANARIAS Y LA COMUNIDAD VALENCIANA, LAS COMUNIDADES QUE MÁS HAN MEJORADO
El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha destacado que las dos comunidades que más han avanzado en servicios sociales han sido Canarias y la Comunidad Valenciana.
"Es la herencia que reciben dos gobiernos autonómicos que han cambiado tras las elecciones. El año pasado ascendieron en la clasificación hasta alcanzar un 5,09 en Canarias y un 4,9 en la Comunidad Valenciana", ha apostillado Ramírez.
El balance muestra, además, que en 2022 los servicios sociales retrocedieron en Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña, mientras que aumentaron en Navarra, Castilla y León, La Rioja, Asturias, País Vasco, Extremadura, Aragón, Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.
CONTINÚAN LAS GRANDES DIFERENCIAS ENTRE REGIONES
El "Índice DEC 2022" muestra que sigue habiendo grandes diferencias entre las regiones, ya que, por ejemplo:
- El gasto por habitante en servicios sociales es, en Extremadura (561 €), un 65 % superior que en Murcia (340 €).
- El porcentaje del PIB regional que las administraciones del País Vasco (3,1 %) o Canarias (2,6 %) destinan a estos recursos triplican el que dedica la Comunidad de Madrid (1,0 %).
- El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (3.241) es casi cinco veces superior a Navarra (689).
- El porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores es 4,4 veces superior en Castilla y León (5,96 %) que en Valencia (1,15 %).
- Madrid (8,96 %) ofrece una cobertura 17 veces mayor de ayuda a domicilio que Extremadura (0,53 %).
DE NAVARRA, LA COMUNIDAD CON MEJORES SERVICIOS SOCIALES, A MURCIA, LA PEOR
De acuerdo con la clasificación que han elaborado en el estudio, Navarra fue la autonomía con mejores servicios sociales en 2022 y Murcia, la peor.
La clasificación sobre el estado de los servicios sociales en las autonomías es, de mejor a peor: Navarra (7,4), Castilla y León (7,3), La Rioja (6,38), Asturias (6,25), País Vasco (5,98), Castilla-La Mancha (5,79), Extremadura (5,77), Baleares (5,56), Aragón (5,49), Galicia (5,13), Canarias (5,09), Comunidad Valenciana (4,82), Cataluña (4,6), Madrid (3,8), Andalucía (4,76), Cantabria (3,8) y Murcia (3,09).
Como ha explicado a EFE el coordinador del estudio, aunque algunas comunidades tienen una nota superior, ocupan una posición inferior en la clasificación porque en el estudio tienen en cuenta ciertos parámetros que provocan que, aunque tengan una puntuación mayor, ocupen una posición inferior.
NAVARRA Y CASTILLA Y LEÓN, PREMIADAS POR TENER LOS MEJORES SERVICIOS SOCIALES
Navarra y Castilla y León han sido premiadas este viernes como las autonomías que han tenido una mejor calificación de sus servicios sociales en los últimos diez años.
"Estas comunidades se han mantenido en los dos primeros puestos durante diez años. Sois los que lideráis el sector y hay que reconocerlo", ha expresado García, que ha estado acompañado por la consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y la consejera de Derechos Sociales de Navarra, Carmen Maeztu, que han recogido el premio tras la presentación del informe. EFE
