La Audiencia provincial también ha absuelto al Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava de las pretensiones indemnizatorias que se dedujeron en su contra.
El Fiscal solicitó que se les condenara a penas de cárcel de hasta 6 años e inhabilitación especial para cargo público además de a diferentes pagos diarios.
Desde el 10 de marzo de 2004 el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava dispuso de una autorización provisional de la Confederación hidrográfica del Guadiana, que le autorizaba a realizar vertidos de aguas residuales procedentes del municipio al dominio público hidráulico.
Esta autorización provisional, aunque preveía una vigencia hasta el 1 de enero de 2006, persiste hasta el día de hoy al no haber sido revocada expresamente, aunque en los próximos meses entrará en funcionamiento la Estación depuradora de aguas residuales que se está construyendo para tal fin.
En su declaración en la Audiencia Provincial durante el juicio que tuvo lugar los días 12, 13, 14, 15, 19 y 20 de abril, la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava ponía de manifiesto su nula intención de causar daños al medioambiente, ni a bienes o salud de terceros, y que en modo alguno es imputable a ella la inexistencia de una depuradora de aguas residuales, sintiéndose “víctima” de otras Administraciones, según indica la sentencia a la que ha tenido acceso la Agencia EFE.
La misma sentencia considera que “es indiscutible” que el sistema de depuración por filtro verde resultaba obsoleto e inadecuado para una localidad de 6000 habitantes, pero “no ha lugar a una responsabilidad penal, cuando la alcaldesa ha mantenido una preocupación constante” en búsqueda de soluciones sobre este asunto.
Los constantes correos electrónicos remitidos a diferentes administraciones desde el Ayuntamiento en busca de una solución definitiva demandada por los vecinos afectados y colectivos ecologistas que se personaron como acusación particular “no puede calificarse de pasividad, sino de preocupación en la resolución del problema”.
Contra esta resolución de la Audiencia provincial de Ciudad Real cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
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