Según informa el instituto en nota de prensa, fue el pasado jueves cuando se celebró la primera reunión de trabajo, en la que participaron los miembros del consorcio, que contarán con el apoyo técnico de la Universidad de Málaga, la autoridad portuaria de Sevilla, el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) y la Jefatura de Sistemas Especiales de la Dirección General de la Policía.
Los objetivos principales del proyecto son el desarrollo de un sistema automatizado de flotas de drones autónomos para la protección de infraestructuras críticas de los puertos comerciales, así como el diseño de una plataforma de aterrizaje y recarga de baterías de drones automatizada, usando energías renovables como la fotovoltaica y eólica. Además, el proyecto abordará la detección de forma automática de la localización y el análisis de incidencias y daños estructurales, mediante técnicas de visión e inteligencia artificial.
ISFOC es responsable del diseño e implementación de la solución de generación de energía mediante paneles fotovoltaicos y aerogeneradores, así como de los sistemas de acumulación de energía necesarios para la recarga de los drones.
El plazo de ejecución del proyecto Drones4CIP se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2018 y cuenta con un presupuesto de ejecución de 1.380.901 euros, de los cuales 701.532 son cofinanciados por fondos FEDER a través del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020, y por los fondos propios del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Este proyecto se enmarca dentro de la convocatoria de 2016 del procedimiento de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación regional en investigación y desarrollo (Programa Feder Innteconecta), aprobada por el CDTI y apoyada por el Ministerio de Economía y Competitividad.
El objeto de esta convocatoria es apoyar proyectos de desarrollo experimental en la modalidad de proyectos en cooperación entre empresas que se desarrollen en el ámbito geográfico de diversas comunidades autónomas y que respondan a alguno de los ocho “retos sociales” establecidos las bases reguladoras.
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