El Pleno ratifica la nueva ordenanza del taxi y la modificación de créditos de 6,5 millones para reducir deuda municipal

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31Octubre 2024
Puertollano
El Pleno ratifica la nueva ordenanza del taxi y la modificación de créditos de 6,5 millones para reducir deuda municipal

 

El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado manera definitiva la ordenanza municipal reguladora del servicio del taxi, tras desestimar a más de una veintena de alegaciones Dirección General de Transportes y Movilidad, Asociación Provincial del Taxi y particulares, tan solo se han admitido dos relativas a correcciones administrativas del texto inicial que de nuevo se publicarán, como ha detallado el concejal de movilidad, José Antonio Barba.

 

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz, defendió que el objetivo del equipo de gobierno es contar con un servicio de taxis acorde y mejor al que se estaba dando en una ciudad de 45.000 habitantes y a ello contribuirá las dos últimas convocatorias de exámenes para cubrir las licencias autorizadas por parte del Ayuntamiento de Puertollano.

Modificación de crédito de 6,5 millones

El Pleno ha aprobado de manera inicial el expediente de modificación de créditos de 6.595.794,47 euros, en la modalidad de Suplementos de Crédito, para amortización de un préstamo del 2005 de 23 millones, que se financiará con los remanentes de tesorería, y que contribuirá a la reducción de la deuda viva del Ayuntamiento como establece la ley de estabilidad presupuestaria.

El concejal de hacienda, Andrés Gómez, explicó que de esta manera se podrá liberar 1,2 millones de euros anuales de los presupuestos municipales desde el 2025 hasta el año 2030.

Consolidación de plazas

El Pleno por mayoría, con los votos del PSOE, Vox e IU, ha rechazado el inicio del procedimiento para la revisión de oficio del Decreto de Alcaldía número 2022- 4100, de 18 de octubre de 2022, mediante el que se aprobó las bases de selección y convocatoria para la cobertura mediante concurso de veintiuna plazas, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal. (Seis de ayudantes, cinco de auxiliar de control, cuatro de auxiliar administrativo, una de capataz de obras, una de técnico medio de informática, una de oficial del Gabinete de Alcaldía, una de oficial letrado, una de oficial de Protección Civil y una de socorrista).

Una propuesta en la que se reclamaba la revisión de actos administrativos derivados en cuanto a los acuerdos adoptados para el impulso y desarrollo de los diversos procesos selectivos, incluidos los nombramientos, por considerar que pueden estar incursos en la causa de nulidad de lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

El concejal de personal, Andrés Gómez, explicó que tras el informe del secretario municipal se ha optado por esta revisión en base a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real que declara nulas las bases correspondientes a técnico de sostenibilidad y al escrito de un ciudadano registrado en el Ayuntamiento de 8 de marzo.

En este sentido incluía la solicitud del dictamen del Consejo Consultivo, que no es vinculante, pero sí preceptivo, y que el Pleno tendrá que resolver el expediente teniendo en cuenta el contenido de dicho documento.

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz, defendió que con esta proposición se respetan todas las garantías, no es una decisión política, sino que ha venido al Pleno tras una denuncia de un tercero y el informe de secretaría.

El equipo de gobierno “no pone en duda si esas bases si estaban bien o mal”, argumentó el alcalde, pero “nos podrían acusar de inacción y que estamos mirando a otro lado”, apuntó Ruiz.

Apoyo a los trabajadores de Navec y Rlesa

El Pleno de la Corporación Municipal ha expresado su apoyo a las reivindicaciones laborales de los trabajadores de las empresas Navec y Rlesa, que en estos momentos se encuentran en huelga, a través de una declaración institucional, de la que ha dado lectura el alcalde, Miguel Ángel Ruiz.

El Pleno hizo un llamamiento a las partes para la búsqueda de un entendimiento y diálogo para la resolución del conflicto de Rlesa, y que se lidere la intermediación y coordinación, junto a otros Ayuntamientos e instituciones en los que se encuentre implantada Navec en la búsqueda de soluciones que den como resultado la conservación de los puestos de trabajo con el respeto a los derechos laborales y antigüedad de la plantilla. Por último, se acordó que se mantengan informados a los grupos municipales de la oposición sobre las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Puertollano en relación con su labor de mediador en los conflictos colectivos de Rlesa y Navec.

Desahucio de vivienda

El Pleno ha iniciado el procedimiento para proceder al desahucio del inquilino de la vivienda situada en el edificio de Servicios Sociales en calle Gran Capitán, adjudicado a un trabajador del Ayuntamiento por resolución de Alcaldía de fecha 12 de abril de 2004. A partir de este acuerdo se efectuará el trámite de audiencia por un plazo de diez días hábiles para que las personas afectadas puedan formular las alegaciones que consideren pertinentes. El titular de la ocupación deberá desalojar la vivienda en el plazo de cinco meses, a contar desde la notificación del acuerdo plenario.

Prevención de violencia de género

Por último, se ha aprobado por mayoría, tan solo con los votos en contra de Vox, la moción del grupo municipal de Izquierda Unida que reclama la dotación a la concejalía de Igualdad del presupuesto necesario para la detección, sensibilización y prevención de la violencia de género, así como la atención a las víctimas de violencia machista, en sus múltiples manifestaciones.

También solicita mantener y reforzar los programas de prevención y actuación ante la violencia machista en redes sociales que contenga contenidos informativos y de sensibilización sobre la cuestión, así como la información de cómo actuar en casos de uso indebido de datos personales y sin consentimiento de la imagen de una persona, trato degradante o uso de aplicaciones que atentan contra la integridad sexual de las personas.

Asimismo, insta al gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha a no subvencionar a asociaciones que lleven a cabo actuaciones de hostigamiento contrario al derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y que en los centros sanitarios se habilite atención especializada, con personal especializado y exclusivo para atender a víctimas de violencia sexual.

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