Un protocolo que, según Caballero, pone de manifiesto un claro compromiso de la institución provincial por nuestra tierra, por todos sus habitantes y, de manera particular, por los vecinos y vecinas que viven en poblaciones que sufren el problema del reto demográfico.
Ha explicado el presidente de la institución provincial que 74 pueblos ciudadrealeños sufren despoblación extrema o intensa. Divididos en cinco áreas, tres están catalogadas como de riesgo extremo y dos de intensa. En concreto, están afectados 108.000 habitantes, que suponen el 21 por ciento de la población. Y ocupan, atendiendo a los datos que facilitados, el 71 por ciento del territorio de la extensa provincia que tenemos, que cuenta con más 20.000 kilómetros cuadrados.
En base al protocolo, la Diputación asume el compromiso de destinar 63 millones de su presupuesto a los 74 municipios que están en situación extrema o intensa de despoblación. Caballero considera que es una iniciativa que es muy interesante que se puede materializar porque existe una sintonía permanente con el Gobierno regional, que también persigue que se garanticen las condiciones de vida en dignidad y completos en derecho de las gentes que viven en el medio rural.
Ha querido dejar claro Caballero que la despoblación no es un problema que se reduce a la provincia y a la región, sino que se extiende a toda España y a buena parte de Europa. La incidencia en nuestro territorio es similar al de otros del viejo continente. Determinadas zonas del interior se están quedando despobladas porque se está produciendo un corrimiento de los habitantes hacia la zonas de costa.
De ahí que la Diputación y el Gobierno de Castilla-La Mancha hayan apostado por coordinarse en las iniciativas a llevar a cabo y en las que ya se materializan para que las dos Administraciones juntas puedan cumplir con el reto demográfico. “Es la comunidad autónoma que más ha hecho hasta la fecha en la materia”, ha dicho.
No ha dudado en asegurar que en Castilla-La Mancha hemos sido pioneros con la normativa más avanzada en reconocimiento de gente que vive zonas rurales, entre otras actuaciones. Y ha añadido que la Diputación completa esa acción del Gobierno regional con iniciativas que son innovadoras en España y, en algún caso, de Europa.
Es el caso de la extensa red de puntos de inclusión digital, o el programa de ayudas a mayores que se llevan a cabo en 60 pueblos de la provincia, donde se garantizan 1.000 comidas de calidad y saludables a precios muy asequibles. Otras iniciativas que ha mencionado son los planes de empleo y las actuaciones de ahorro y eficiencia energética.
El vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, destacaba cómo la firma de este protocolo viene a articular una agenda común de medidas en materia de lucha contra la despoblación, dentro de la estrategia regional, remarcando la alineación institucional; una coordinación, según sus palabras, “que hace que haya un efecto multiplicador en la rentabilidad de los fondos que gestiona cada administración”.
Guijarro subrayaba cómo Castilla-La Mancha es una comunidad pionera en medidas contra la despoblación con una ley que garantiza la prestación de los servicios básicos, incluido el transporte para garantizar la movilidad.
Desde el Gobierno regional, enfatizaba, se destinan 1.700 millones de euros en esta materia, lo que supone el 20% de los fondos de la comunidad, el 3,6% de su Producto Interior Bruto, lo que nos sitúa a la vanguardia en la lucha contra este problema.
Al acto de la firma ha asistido Jesús Alique, Comisionado del Reto Demográfico en Castilla-La Mancha, la delegada de la Junta en la provincia, Carmen Teresa Olmedo, y la vicepresidenta primera de la Diputación, María Jesús Villaverde.
