La crisis de Zaldívar (Vizcaya) es la "crónica de un suceso largamente anunciado", ya que los vertederos en España son "una bomba de relojería", por lo resulta "urgente modificar la ley de residuos y vertederos", según las organizaciones ecologistas consultadas por Efe.
Esto equivale a “apilar residuos aleatoriamente mezclando residuos tóxicos con otros”, ha añadido el responsable de campañas de consumo y biodiversidad de Greenpeace, Julio Barea, quien, tras recordar que la gestión “es una competencia transferida a las comunidades autónomas”, ha denunciado que se ha convertido en un “lucro económico” pues no es lo mismo “verter un kilogramo de poda que un kilogramo de aceites tóxicos”.
A ello hay que sumar uno de los principales peligros de estos emplazamientos: “la liberación de gas metano y de lixiviato, para los que la única alternativa sería quemarlo todo”, pero eso supondría “socializar la contaminación a todo el mundo“.
A pesar de la transferencia de competencias, Lorenzo ha indicado que el Gobierno central puede obligar a cumplir “unos mínimos que se pueden establecer a nivel estatal”, sobre todo cuando las directrices europeas señalan que “para 2035, solo el 10 % de residuos urbanos podrá acabar en vertederos”.
Por ello, el responsable nacional del área de residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, cree que España está abocada a un “incumplimiento previsible” de este objetivo.
El problema es que “sale más barato verter que reciclar“, por lo que “debería ponerse obstáculos” a los vertidos tanto urbanos como industriales, por ejemplo a través de “un impuesto único” similar al que aplican otros países como el Reino Unido “para evitar el turismo de residuos”.
Las organizaciones ecologistas han explicado a Efe que el desafío ambiental se extiende en realidad a todo el sistema de separación y gestión de residuos español ya que, según Arribas, “el 40 % de la bolsa de basura normal es materia orgánica” que podría reciclarse y, según Barea, “se habla de un 70 % de recuperación de envases de plástico, pero nuestros datos indican que es de sólo un 25 %“.
“Hablamos con la gente y está convencida de que lo está haciendo bien, pero lo cierto es que en casa no reciclamos, sino que separamos”, insiste Lorenzo.
El hecho de que según sus estimaciones sólo 1 de cada 6 personas participe correctamente en la recogida selectiva influye en que el 80 % de lo que entra en las plantas de tratamiento acabe en vertederos, lo que convierte en urgente “implantar la recogida selectiva puerta a puerta para 2023”.
Sin embargo, Barea se queja de que “ningún político se atreve a meter mano a este tema“, debido a “la presión de los ‘lobbies’ de empresas productoras de plásticos y de distribución, de las gestoras de recogida y de los vertederos”.
Por ello ha insistido en “cambiar el modelo de consumo masivo de usar y tirar y volver a las 3R: reducir, reciclar y reutilizar”, y en ese sentido asegura tener “ciertas esperanzas de que el actual Gobierno trasponga ambiciosamente la directiva de residuos”.
Arribas también se ha mostrado confiado en ese cambio, pero ha advertido de que “si no hay ganas de llevarlo a la práctica, todo quedará en la palabrería y en el lavado verde”. EFEverde