En concreto, y como ejemplo, García ha reseñado que el siguiente mejor año en este aspecto fue 2010, con 740 antenas aprobadas por la Comisión de Redes creada en el 2002, ha informado una nota de la Junta.
Ha destacado que, aunque se está desplegando cobertura de 4G en toda la región, también "se sigue implantando 3G, en muchos casos migraciones de GSM a 3G, para poder habilitar llamadas de voz donde ni siquiera tenían ese servicio y dar mayor calidad y garantía a las mismas allí donde ya se dispone de voz".
En este sentido, ha valorado el crecimiento experimentado en ambas coberturas desde la pasada Legislatura, ya que mientras el anterior Gobierno instaló 427 antenas de 3G, llegando al 93,38 % de la población, el actual Ejecutivo ya ha implantado 711 antenas, que rozan el 99 % de los habitantes.
Respecto al 4G, ha ampliado, "los datos todavía son más relevantes" pues en la pasada Legislatura solo había 25 localidades, y se prestaba esta cobertura al 41,85 % de los castellanomanchegos, y con el nuevo Gobierno ya se ha implantado en 1.005 poblaciones y el porcentaje de habitantes alcanza el 94,86 %.
Unas cifras que demuestran que "desde 2015 se está produciendo el mayor crecimiento de cobertura 4G de todo el territorio nacional, como así lo avalan los informes de la Secretaria de Estado para el Avance Digital", ha mantenido el director general.
Con la entrada en vigor de la ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, se establece que la normativa elaborada por las administraciones públicas que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de Telecomunicaciones.
Así, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas, y los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerables fijados por el Estado, unificando en todo el territorio nacional las limitaciones de los niveles de emisión electromagnética que las instalaciones radioeléctricas pueden causar.
Con esta ley, el Estado asumía todas las competencias en materia de Telecomunicaciones y las Autonomías tenían que revisar las instalaciones de los operadores en los ámbitos patrimonial y medioambiental, y por tanto los operadores estaban obligados a presentar sus planes de despliegue para ser revisados por la Comisión de Redes.
Para la aprobación por parte de la Comisión de una instalación se tenían que comprobar aspectos como la integración de las estaciones de radiocomunicaciones en el entorno urbanístico y territorial, la imposición, si fuera preciso, de acciones de mimetización y/o soluciones parar minimizar el impacto de las infraestructuras necesarias y su armonización con el entorno.
También, la comprobación del impacto de la instalación en la vegetación y fauna de la zona y, en consecuencia, la imposición de condiciones a la ejecución de dicha instalación si fuera preciso.
La aprobación del Plan Territorial de Despliegue de Red por parte de la Comisión de Redes es condición indispensable para que los municipios donde está previsto ubicar una instalación puedan otorgar las licencias pertinentes, aprobación que no obliga al ayuntamiento a otorgar los permisos para efectuar las instalaciones previstas
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