Se trata, tal y como ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, del convenio conocido como “de nivel acordado” que tiene el objetivo “de reducir las listas de espera en la Dependencia para mejorar la calidad de los servicios y las condiciones de trabajo en las que están las personas del sistema y para mejorar la intensidad de los servicios y de las prestaciones que en este momento tenemos”. Además, ha recordado que “desde los recortes de Rajoy, llevábamos nueve años, hasta 2021, sin convenio que garantizase este nivel acordado”.
De este acuerdo ha dado cuenta la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha explicado que estos 64 millones duplican el importe del año pasado, cuando la cantidad establecida en este mismo convenio fue de 32,1 millones de euros. “Por tanto, el convenio supone mejorar sustancialmente la aportación del Estado a la financiación del Sistema de la Dependencia tal y como el Gobierno del presidente Emiliano García-Page viene reclamando desde el año 2015”, ha subrayado la consejera que ha remarcado “el esfuerzo del Ejecutivo regional que también duplica su aportación”.
A este respecto, ha concretado que la cuantía para Castilla-La Mancha se ha duplicado “por la voluntad del Gobierno de España de recuperar la colaboración con las comunidades autónomas y, en segundo lugar, porque hemos cumplido con los objetivos que nos marcamos en 2021, siendo de las pocas comunidades autónomas que lo han podido certificar reduciendo las listas de espera en el sistema de la Dependencia”.
En relación a la reducción de estas listas de espera, Blanca Fernández ha remarcado que Castilla-La Mancha ha conseguido “una reducción del 30 por ciento sólo en el año 2021 y analizando los datos desde 2015, se trata de un 91 por ciento”.
Para continuar, Blanca Fernández ha explicado que, tal y como establece la Ley de Dependencia, el Sistema de Atención a la Dependencia tiene tres fuentes de financiación: el Nivel Mínimo de Protección establecido por la Administración General del Estado; el Nivel de Protección Acordado entre el Estado y las comunidades autónomas, en el que se enmarca el convenio aprobado hoy; y en tercer lugar, el Nivel Adicional de Protección que establece cada comunidad autónoma.
Sobre este punto, la consejera ha hecho hincapié en que desde 2012 y hasta 2020 no hubo financiación estatal para este convenio y fue ya en 2021 cuando se recuperó el Marco de Cooperación Administrativa, “es decir, se retomó el nivel acordado de financiación, suscribiéndose el convenio por importe de algo más de 32 millones de euros que financiamos al 50 por ciento entre ambas administraciones y que este año se ha elevado a 64 millones”.
La consejera ha reconocido el esfuerzo del Estado en su aportación al sistema de la dependencia, ya que con datos cerrados a 2021 y con un gasto certificado de casi 470 millones de euros, la aportación del Estado supuso el 21,5 por ciento, tal como se pactó en febrero de 2021 en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia (SAAD).
“Valoramos positivamente este incremento, pero aún queda lejos de la corresponsabilidad que estamos demandando a la Administración General del Estado desde las comunidades autónomas”, ha dicho la portavoz, ya que, con datos de 2021, la Administración regional aporta 367 millones al Sistema de la Dependencia mientras que la aportación del Estado es de casi 101 millones de euros.
Logros de la gestión del Sistema de la Dependencia
Para concluir, Blanca Fernández ha puesto de manifiesto que la gestión del Sistema de la Dependencia desde que gobierna Emiliano García-Page arroja datos tan contundentes como que Castilla-La Mancha ha consolidado la segunda posición a nivel nacional en el conjunto del Sistema de Atención a la Dependencia, con una puntuación de un 8,1 en relación a los datos que se extraen del XXII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. “Esta segunda posición es el resultado del esfuerzo y el compromiso del Gobierno del presidente García-Page para que este sistema funcione y se consolide ya que desde 2015 a 2022, hemos incrementado el presupuesto invertido en el Sistema en un 57 por ciento, pasando de 372 millones de euros a 586 millones destinados a la atención de las personas con dependencia. También ha incidido en que “lo justo es que el Gobierno de España aporte lo mismo que la Comunidad Autónoma para que haya un sistema fuerte que atienda a quien lo necesite”.
A septiembre de 2022, el número de personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia y prestaciones es de 64.633 personas con 82.202 prestaciones. De la misma manera, tomando esta fecha como referencia, hay 2.464 personas en lista de espera, lo que significa que se ha reducido en un 91 por ciento con respecto a 2015.
Otro aspecto esencial relacionado con los cuidados de larga duración y que tiene efectos directos sobre el reto demográfico es la capacidad del Sistema de Dependencia para generar empleo, ya que Castilla-La Mancha cerró 2021 con 23.366 empleos dentro del Sistema de Dependencia y en los últimos dos años se han generado 6.666 puestos de trabajo.
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