Se trata de la Conferencia del Pacto Rural, un foro creado con el objetivo de intercambiar medidas aplicadas en los Veintisiete para revertir la falta de habitantes en el campo, una problemática que afecta especialmente a varias regiones del interior de España.
En concreto, Castilla-La Mancha ya lleva un año implementando una ley sobre la materia, que contempla, entre otras cosas, beneficios fiscales para los ciudadanos que vivan en municipios rurales, incentivos para la instalación de empresas y la garantía de mantener una oferta de servicios públicos en estas zonas.
El vicepresidente del gobierno autonómico, José Luis Martínez Guijarro, fue el encargado de desgranar en Bruselas los detalles de una norma que, según declaró a EFE, es "absolutamente pionera" y "muy transversal", ya que, a su juicio, "afecta a la práctica totalidad de las competencias" del Ejecutivo castellanomanchego.
"Y una de las grandes novedades de la ley, que nunca se había utilizado ni en España ni en el resto de Europa, es la utilización de la política fiscal. Proponemos una fiscalidad diferenciada para la gente que vive en territorios afectados por la despoblación", expuso el vicepresidente Martínez Guijarro.
De este modo, la Ley castellanomanchega contra la Despoblación contempla unas deducciones de impuestos de hasta el 25 % en la cuota autonómica del IRPF para las personas que vivan de forma permanente en pueblos rurales, y ofrece rebajas de hasta el 15 % por la compra o la rehabilitación de una vivienda en estas zonas.
Según los cálculos del vicepresidente autonómico, todas estas medidas, que ya están en vigor, beneficiarán a más de unas 90.000 declaraciones de la renta en la campaña de este mismo año, aunque matizó que las personas realmente favorecidas serán "muchas más", ya que en cada declaración puede haber "varios miembros de una unidad familiar", recordó el número dos del ejecutivo regional.
"Se trata de hacerlo atractivo para la gente, que el hecho de vivir en estos municipios tenga ventajas. Y luego cada ciudadano puede decidir libremente dónde quiere vivir. Pero dentro de esa decisión libre hay que generarle una serie de elementos que le puedan hacer atractivo vivir o invertir en estos municipios (en riesgo de despoblación)", aseveró Martínez Guijarro.
En total, el Gobierno de Castilla-La Mancha, dirigido por el socialista Emiliano García-Page, estima en un informe que, desde el año 2000, casi el 74% de los pueblos de la región han perdido habitantes y así es como, pese a representar más del 90% de los municipios, a día de hoy, las localidades con menos de 5.000 habitantes solo acogen el 30% de la población autonómica.
Para evitar que cada vez más gente emigre del campo, la Ley contra la Despoblación también fija una serie de obligaciones al Gobierno regional, como la promesa de mantener una escuela pública en pueblos donde al menos vivan cuatro alumnos, o la de fomentar la atención primaria en sanidad, el transporte o la red 5G.
"Cuando hablamos de despoblación estamos hablando de financiación, de financiación autonómica por parte del Estado español y de financiación por parte de las instituciones europeas. Y que se tenga en cuenta el coste efectivo de la prestación de los servicios en estos territorios", reivindicó el vicepresidente.
En este sentido, Martínez Guijarro admitió que, más allá de las autonomías, "las administraciones de otro nivel" pueden "hacer más" para atajar la despoblación y, en concreto, pidió al Gobierno central un "nuevo sistema de financiación autonómica".
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