Según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentado hoy, Castilla-La Mancha es una de las comunidades que más ha avanzado en cuando a cobertura en la actual legislatura, "quebrando la tendencia negativa que sufrió en la anterior".
La asociación ha señalado que la principal mejora se constata en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía, a pesar de que durante esta etapa ha reducido la relevancia económica de los servicios sociales, lo que evidencia una mayor eficiencia del Sistema, que era uno de sus principales desequilibrios; mientras que la menor evolución se constata en la definición de derechos y ordenación del sector.
Castilla-La Mancha sigue careciendo de un catálogo que concrete los derechos que la ley reconoce y tampoco cuenta con una planificación estratégica, por lo que la ordenación del Sistema es, todavía, deficiente.
La región ha mejorado respecto a años anteriores y se encuentra por encima de la media estatal en gasto por habitante y año, cifrado en 428,63 euros en 2018 (media estatal 381,25 euros); también en el porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre el PIB regional, del 2,162 % en 2018 (media estatal 1,525 %) y en porcentaje de la inversión de la administración en servicios sociales sobre su presupuesto total, del 10,87 % en 2018 (media estatal 9,36 %).
Respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, Castilla-La Mancha se sitúa por encima de la media estatal, salvo en Rentas Mínimas de Inserción, que muestra la cobertura más baja de todas las comunidades (2,1 %).
Castilla-La Mancha destaca por encima de la media estatal en cobertura del Sistema de Atención a la Dependencia, que alcanza al 9,4 % de las personas potencialmente beneficiarias (8,5 % de media estatal), así como en la reducción de su tasa de desatención, que ha pasado del 38,9 % en 2016 al 24,6 % en 2017.
También supera la media en servicios para personas mayores, con una cobertura del 4,67 % en plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 65 años; cobertura del servicio de ayuda a domicilio del 5,03 % , plazas de centros de día, 1,21 % y teleasistencia, 14,24 %.
El servicios para personas con discapacidad la cobertura es del 1,88 % de plazas residenciales y 4,77 % de plazas diurnas y ocupacionales ); y en plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género alcanza a 19,98 por cada 100 mujeres con orden de protección.
En el aspecto negativo, el informe señala que las rentas mínimas de Castilla-La Mancha siguen mostrando una gran debilidad, tanto en su cobertura (sólo alcanzan al 2,1 % de las personas bajo el umbral de la pobreza en esa comunidad, una cuarta parte de la media estatal que es del 8 %) como en su cuantía (7,87 % de la renta media en Castilla-La Mancha, frente al 13,21 % de media estatal), y además, se constata un empeoramiento.
También se sitúan por debajo de la media estatal la media de horas de Ayuda a Domicilio (17,0 de media mensual frente a 18,89 horas de media estatal) y en plazas residenciales para personas sin hogar, con 16,5 por cada 100.000 habitantes, siendo la media estatal 62.
El informe señala asimismo que aunque sigue existiendo una baja ratio de cobertura en relación con el gasto, Castilla-La Mancha está corrigiendo en los últimos años este desequilibrio, y es una de las comunidades que más ha avanzado en la cobertura de las prestaciones y servicios a lo largo de la legislatura.
Las recomendaciones de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para la próxima legislatura en Castilla-La Mancha son aprobar el catálogo de prestaciones y servicios sociales que desarrolle su ley y elaborar una planificación estratégica del sector que favorezca su desarrollo racional.
También se aconseja un cambio radical en su política de Rentas Mínimas de Inserción, materia en la que Castilla-La Mancha se encuentra en la peor posición de todas las comunidades, lo que supone una grave discriminación para su población en situaciones de pobreza y riesgos de exclusión social, e incrementar la vertebración de todo el sistema apoyándose en los municipios que tienen competencias en la materia.
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