En un comunicado, el Colegio ha lamentado que la Administración autonómica oferte "pocas o ninguna plaza" para estos profesionales, máxime cuando el 44 por ciento del territorio de la región es de uso forestal.
En concreto, ha recordado que la última Oferta de Empleo Público publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 18 de diciembre de 2019 contemple "apenas" cuatro plazas para ingenieros de montes, dos para ingenieros de Ciencias Ambientales y ninguna para ingenieros técnicos forestales.
Por contra, ha añadido que la convocatoria del sector agrícola y ganadera consta de seis plazas de ingeniero agrónomo, 18 veterinarios y veinte ingenieros técnicos agrícolas.
Esta "desproporción" de 44 plazas frente a seis pone de manifiesto, ha sostenido el Colegio, "que la Junta deja de lado el medio natural castellanomanchego, a sabiendas de que la gestión del terreno forestal precisa de más actuaciones y procedimientos que el terreno agrícola".
Del mismo modo, ha reprochado que las plazas ocupadas por titulados forestales universitarios en la Administración "no tienen atribuidas un destino o funciones concretas", lo cual ocasiona "graves problemas".
A este respecto, ha considerado "incomprensible" que algunas materias como la gestión cinegética o piscícola sean gestionadas por "otros titulados a los que no les corresponden dichas competencias".
Una situación que, ha vaticinado, "seguirá agravándose", pues "las vacantes que se seguirán produciendo serán cubiertas con personal procedente de la Oferta de Empleo de 2019 sin competencias en la gestión del medio natural".
Otra "gran carencia" es que en las oficinas comarcales agrarias del Ejecutivo autonómico "solo hay titulados agrícolas y veterinarios, cuando la gente del campo también demanda servicios forestales y medioambientales".
Esta insuficiencia no se corrige, según el Colegio de Ingenieros Forestales, "con la presencia algún día de la semana de agentes medioambientales, cuerpo que no tiene funciones técnicas".
Por todo ello, ha exigido a las consejerías de Desarrollo Sostenible y de Hacienda y Administraciones Públicas un "replanteamiento" de la Oferta de Empleo Público venidera, con el propósito de "definir cómo debe ser la plantilla ante los retos medioambientales" a los que se enfrenta la sociedad.
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