El 88 por ciento de las 4.058 plazas de la oferta de estabilización de la Junta que ha aprobado el Gobierno regional corresponde a sanidad y educación

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24Mayo 2022
El 88 por ciento de las 4.058 plazas de la oferta de estabilización de la Junta que ha aprobado el Gobierno regional corresponde a sanidad y educación

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta oferta de empleo público extraordinaria, en ejecución de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y que por su número la convierte en la más alta aprobada por este Ejecutivo.

El 88 por ciento de las 4.058 plazas de la Oferta de Empleo Público de Estabilización de la Junta que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno corresponde a los sectores de sanidad y educación, con 2.651 plazas para personal estatutario y 917 para docentes. El resto, 490, para Administración General. Del total de ellas, 155 estarán reservadas a personas con discapacidad, 110 para discapacidad general y 45 para discapacidad intelectual.
 
Una oferta de empleo público que ha sido negociada con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la Junta en sucesivas mesas sectoriales y que culminó el pasado día 13 de mayo con su aprobación en la Mesa General de Negociación del personal empleado público, contando con el apoyo de los sindicatos mayoritarios de la Función Pública.
 
Así lo ha adelantado hoy el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha informado de esta oferta de empleo público extraordinaria, que se ha aprobado en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cuyo principal objetivo es situar la tasa de cobertura temporal en la administración pública por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales. De esa forma, Castilla-La Mancha será una de las primeras comunidades autónomas en aprobar y publicar esta oferta de estabilización.
 
En su intervención, el consejero ha resaltado que es una oferta de empleo público distinta y separada de las ofertas de empleo público que el Gobierno regional viene aprobando todos los años para reponer el personal que abandona la Administración autonómica, fundamentalmente por jubilación y que cuenta con una serie de particularidades que la hace diferente a otros procesos de estabilización anteriores.
 
Dos sistemas de acceso
 
Así, sus procesos selectivos se convocarán mediante dos sistemas de acceso: Por concurso-oposición, para la cobertura de las plazas que han venido siendo ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente entre tres y cinco años, y que afecta a 2.070 de las 4.058 plazas aprobadas; y por concurso, aquellas plazas ocupadas durante más de cinco años, que afecta a las 1.988 plazas restantes de esta oferta.
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que otra particularidad de esta oferta es que el porcentaje máximo de valoración de los méritos en la fase de concurso en el procedimiento de concurso-oposición será del 40 por ciento. “Y dentro de ese porcentaje vamos a negociar con los sindicatos de la Función Pública los diferentes méritos y sus porcentajes, porque desde el Gobierno de Castilla-La Mancha intentaremos primar al máximo los años de prestación de servicio en la Administración regional, todo lo que permita la normativa estatal”, ha recordado.
 
Otras particularidades destacadas por el consejero es que se prevé la posibilidad de que los ejercicios de la fase de oposición no sean eliminatorios, “algo que también vamos a negociar con los sindicatos cuando hablemos de los procesos selectivos” y que se establecerá una compensación económica para el interino o interina que, estando trabajando para la Administración en el momento en que se desarrollen los procesos selectivos y habiendo participado en los mismos, no lo superase.
 
Durante su comparecencia, el consejero ha señalado que, según el calendario establecido en la Ley 20/2021, la fecha límite para la publicación de las convocatorias de todos los procesos selectivos es el 31 de diciembre de 2022 y para que todos los procesos selectivos estén finalizados, el 31 de diciembre de 2024.
 
Tasa de temporalidad por debajo del ocho por ciento
 
El consejero ha asegurado que, una vez que acaben estos procesos selectivos, la tasa de interinidad se situará por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales, que es el objetivo de la Ley 20/2021, situándose la tasa en Administración General, en el cinco por ciento; en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), en el siete por ciento y en Educación, en el 7,5 o 7,6 por ciento. “Y, eso es consecuencia a que este Gobierno llevamos tomando medidas para la reducción de la temporalidad desde 2016, aprobando cada año ofertas de empleo público con el máximo porcentaje de tasa de reposición permitido por la normativa estatal”, ha precisado.
 
Nueva oferta ordinaria a mediados de año
 
Durante su intervención, Ruiz Molina ha adelantado que aparte de esta oferta de estabilización el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará a mediados de este año una Oferta de Empleo Público ordinaria para 2022, con alrededor de 1.400 plazas.
 
También, ha indicado que en la actualidad el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene en marcha o tendrá a lo largo de este año procesos selectivos con más de 5.000 plazas, en todos los sectores de la Junta de Comunidades, desde Administración General hasta Sanidad y Educación.
 
“Nuestras sucesivas ofertas de empleo público desde 2016 nos han permitido aprobar más de 15.700 plazas y, cuando se apruebe la oferta de empleo ordinaria de 2022, habremos alcanzando las 21.000 plazas, superando las 20.000 plazas que habíamos previsto aprobar durante los ocho años de gobierno de García-Page y como queda por aprobar la oferta de empleo público en 2023, estimamos superar las 22.000 plazas aprobadas durante el mandato de García-Page”, ha afirmado.
 
Por último, ha recordado que este enorme esfuerzo para consolidar el empleo público en Castilla-La Mancha pretende reducir la tasa de temporalidad; blindar las plantillas de los servicios públicos; facilitar oportunidades de promoción interna a las empleadas y empleados públicos; favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la Función Pública, y ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la administración pública.
 
“Todo ello con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, mejorando, a su vez, a calidad de los servicios públicos que prestamos desde la Administración regional”, ha concluido.

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