Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa que ha ofrecido hoy en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la celebración del Consejo de Gobierno.
Ruiz Molina ha explicado que el Plan Anual de Contratación para este ejercicio recoge, a título informativo y no vinculante, la información básica con la que cuentan actualmente los órganos de contratación sobre todos los contratos públicos de valor estimado superior al establecido para los contratos menores, cuyos anuncios de licitación se prevé publicar en 2025.
En este contexto, el consejero ha explicado que el mayor número de contratos se concentra en las tres áreas que sustentan el Estado del Bienestar, en tanto en cuanto, “la Ley de Presupuestos de la Junta para 2025, destina más del 70 por ciento del gasto a estas áreas”, y en este sentido, lo que conforma el Estado del Bienestar, absorben el 60 por ciento de los contratos y en lo que respecta a su cuantía, el 75 por ciento.
Así, ha continuado, en el área de Sanidad, que contempla la Consejería, como el Servicio de Salud, se tiene previsto licitar el 37 por ciento de los contratos, siendo su cuantía de 815 millones de euros; mientras que Educación y Bienestar Social, tienen programados el 11 por ciento, que son 112 contratos, con un valor de estimación de 117,8 millones en el caso de educación y 188,6 en el caso de las prestaciones sociales.
Fuera de este ámbito, el consejero ha resaltado que la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, junto con la Agencia de Transformación Digital, tiene previsto licitar un total de 83 contratos, es decir, el 8,5 por ciento del total, por un importe de 172,4 millones de euros. Mientras que la Consejería de Fomento, va a licitar 58 contratos, que absorben una cuantía de 139 millones de euros.
Por tipo de contrato, la mitad, o lo que es lo mismo, 490 contratos, son de servicios; el 33 por ciento (324), de suministros; el 10 por ciento (92), de obras. En cuanto al procedimiento de adjudicación, el consejero ha recalcado que 80 por ciento de los recursos, que se pretenden ejecutar a través de la actividad contractual, se corresponden con contratos cuyo procedimiento de adjudicación será abierto; mientras el 11 por ciento del valor estimado, es decir, 160 millones, se corresponden con los 330 basados ya en Acuerdos Marco.
Se estima que el 65 por ciento de los contratos se liciten en el primer semestre
Del mismo modo, ha incidido en que el Gobierno regional estima que el 65 por ciento de los contratos (632), que representan un importe total de 796 millones, se publique su licitación en el primer semestre de este año.
De esta manera, como ha señalado Juan Alfonso Ruiz Molina, “pretendemos facilitar al sector empresarial su participación en la actividad contractual que la administración regional pretende desarrollar a lo largo del presente ejercicio, reforzando la transparencia en la gestión presupuestaria”. Una transparencia que se ratifica con la publicación de este Plan de Contratación en el Perfil de Contratante del Sector Público Regional, así como en el Portal de Contratación Pública de Castilla-La Mancha.
Convenio de colaboración con Canarias
En otro orden de cosas, el consejero también ha dado cuenta del acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno por el cual se autoriza el convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la comunidad autónoma de Canarias en materia de control interno autonómico.
Tal y como ha explicado, se trata de la segunda comunidad, tras las Islas Baleares que fue la primera, a la que “cedemos las nuevas herramientas tecnológicas que hemos desarrollado desde la Intervención General”, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, con el propósito de impulsar la simplificación y modernización del proceso de gestión y control de gasto en la administración regional.
Estas soluciones, como ha explicado, han demostrado su eficacia en la región, “permitiendo suprimir más de 300.000 documentos contables, eliminar 600.000 firmas en procesos administrativos y reducir a la mitad los tiempos de tramitación de expedientes, con un impacto directo en la agilidad de ayudas y subvenciones para la ciudadanía”. Además, ha manifestado que, el convenio, “refuerza la capacidad de las comunidades autónomas para poder compartir conocimientos, talento y experiencia, y mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de recursos públicos, visibilizando el potencial de colaboración interadministrativa para optimizar los servicios públicos”.
Ambas iniciativas evidencian el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la transparencia, la modernización y la eficiencia en la gestión pública, así como su disposición a liderar iniciativas que beneficien tanto a empresas como a la ciudadanía.
