Tanto comunidades presididas por el PSOE -como Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana- como lideradas por el PP -como Andalucía y Murcia-, han exigido este adelanto que decidió aplicar unilateralmente Castilla y León el pasado lunes.
Uno de sus más firmes partidarios, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que esta restricción supone un medio eficaz y controlable para disminuir los contagios de coronavirus, que considera que debería ser homogéneo en España y que resulta una alternativa "clara y contundente" al confinamiento domiciliario.
A la espera de lo que dictamine el Tribunal Supremo sobre el recurso que interpuso el Gobierno a la decisión de Castilla y León, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado partidario de que el actual estado de alarma es "suficiente" para "combatir el incremento de casos".
La clave así está precisamente en si será necesario modificar el decreto del pasado 25 de octubre y con cuántos apoyos parlamentarios contaría el Gobierno de Pedro Sánchez.
Aunque si en la reunión que arranca esta tarde a las 16:00 horas hay "una voluntad compartida que se aproxime a la unanimidad, no debería haber muchos problemas para implantarlo" sin necesidad de que el Parlamento revise el estado de alarma, ha considerado el presidente aragonés, Javier Lambán.
El adelanto cuenta con el aval de la mayoría de las comunidades, si bien algunas como la madrileña descartan de plano adelantar el límite horario; su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha ya ha avisado: "Para arruinar más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten".
Por su parte, Cataluña ha ampliado sus restricciones hasta el 7 de febrero, entre ellas la del toque de queda nocturno entre las 22.00 y la 06.00 horas.
El Gobierno de Navarra no se plantea en este momento adelantar el toque de queda en la comunidad, aunque el vicepresidente, Javier Remírez, ha indicado que es partidario del máximo consenso en las medidas que se adoptan para frenar la pandemia pero con la flexibilidad suficiente para su aplicación.
Al margen de estas restricciones, el Consejo Interterritorial abordará la actualización de la estrategia de vacunación para definir los grupos que empezarán a inmunizarse en la segunda fase y que se aprobará mañana en la Comisión de Salud Pública.
Ya el pasado lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya avanzó que, tras los internos de residencias y sanitarios de primera línea que han encabezado el proceso, les seguirán "otras personas de riesgo" que podrían ser trabajadores sanitarios de otros grupos o mayores de 80 años.
"El grupo genérico está, ahora hay que definir si empezaremos con otros grupos de sanitarios o con mayores de 80, posteriormente de 70 y posteriormente de 60", añadió.
EFE
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