A principios de septiembre la Consejería de Salud balear aprobó una resolución que estableció el acceso policial a los datos de localización y lugares de trabajo de las personas obligadas a aislamiento o cuarentena.
Aunque en un principio se anunció que las fuerzas de seguridad recibirían cada día los listados, finalmente el procedimiento es a la inversa y son los gentes quienes pueden consultar si una persona que se encuentra en la calle tiene orden sanitaria de cuarentena.
Pocos días después Aragón también publicó una orden para autorizar a los responsables sanitarios la comunicación de los datos de las personas afectadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las policías locales para el control de los confinamientos.
Y ya se ha hecho uso de este instrumento en los lugares con más casos, como Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y Andorra (Teruel) y Zaragoza capital.
Castilla y León también ha dado el paso de autorizar controles policiales aleatorios, con multas para los incumplidores, aunque el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha subrayado la necesidad de equipos de protección y ha apuntado también a la complejidad jurídica de la medida, ya que si una personas no abre la puerta a la policía no puede deducirse que está en la calle
Esta semana pasada ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha anunciado que se cederá a Guardia Civil, Policía Nacional y cuerpos de Policía Local los datos de las personas obligadas a guardar aislamiento o cuarentena, para labores de vigilancia.
Tendrán capacidad para restringir la movilidad de estas personas, precisó al día siguiente la Delegación del Gobierno, cuando se cuente con un auto judicial
Madrid también ha acordado atribuir a las policías esa capacidad de vigilancia para proteger la salud pública, pero el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, que ha llegado a pedir introducir en el Código Penal un delito de incumplimiento de cuarentena, puntualizó que los agentes sólo tendrán información sobre las personas obligadas a guardar cuarentena en su domicilio, "sin dar a conocer ningún dato médico de si es positivo o negativo".
Porque, al margen de que varios ayuntamientos de la región han advertido de la dificultad de que la policía local realice esa función por la escasez de medios, se abre también el debate sobre la legalidad de ceder datos de la historia clínica de los pacientes.
Fuentes de la Agencia Española de Protección de Datos explican a Efe que la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública habilita a las autoridades sanitarias a "adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".
Y el Reglamento General de Protección de Datos, añaden, ofrece la base jurídica para el tratamiento y la comunicación de datos a la policía en casos excepcionales, como el control de epidemias, ya que se trata de "una misión realizada en interés público".
En todo caso, subrayan las fuentes, el tratamiento de estos datos debe observar los principios establecidos en el citado reglamento, limitando su uso a la finalidad establecida y minimizando la conservación.
En una pandemia y con riesgo para la salud pública, el abogado experto en protección de datos Borja Adsuara quiere alejarse de los "puristas": "no se hizo el hombre para la ley, sino la ley para el hombre", señala en declaraciones a Efe.
A su juicio, hay base legal para que las policías accedan a los datos de los obligados a aislamiento o cuarentena y "mimbres suficientes" para que las administraciones tomen la medida
Al igual que la policía actúa en ocasiones como policía judicial, apunta, en este caso su misión sería ser "policía sanitaria". No accede a los datos con una finalidad policial, sino sanitaria, subraya recordando que los agentes están obligados a guardar el mismo secreto que los médicos, accediendo a los datos con la única finalidad de vigilar las cuarentenas y guardando la confidencialidad que exige el reglamento. EFE
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