Por Isabel Catañeda
En la Constitución de 1931, se desarrolló el marco jurídico de igualdad entre hombres y mujeres. Se reguló el matrimonio civil, se aprobó el divorcio, se permitió el acceso a la universidad y el ejercicio de cualquier profesión para la mujer y se reconoció su derecho al voto.
Tras finalizar la Guerra Civil, el papel asignado a la mujer volvió a ser, casi exclusivamente, el de esposa y madre, por lo que su formación debía estar encaminada a mejorar sus virtudes para ejercer lo que la sociedad esperaba de ellas.
El régimen se encargó de poner en marcha, en los primeros años, duras medidas legislativas dirigidas a controlar, tanto civil como penalmente, el comportamiento de las mujeres, que debían volver al hogar y estar sometidas a la autoridad de su marido.
Los derechos de las mujeres fueron cercenados. Solo podían ejercer determinadas profesiones, como enfermera, puericultora o maestra, tenían vedado el acceso a cualquier tipo de profesión liberal y a cuerpos superiores de la función pública. El matrimonio sólo se reconocía legalmente si se había realizado por la Iglesia, no existían el matrimonio civil, ni el derecho al divorcio o al aborto; el adulterio y el concubinato estaban penados para las mujeres, pero no para los hombres, y debían permanecer en el hogar de sus padres hasta su mayoría de edad (25 años), de donde salían para casarse o ingresar en un convento.
Muchas similitudes entre períodos históricos separados por quinientos años.
Esta idea de inferioridad de la mujer frente al hombre vuelve a impregnar la sociedad. Los colegios, regidos en su mayoría por órdenes religiosas o controlados por el Estado, impartían una formación adecuada a los valores del nacionalcatolicismo. Solo aquellas niñas cuyas familias se lo podían permitir iban al colegio, donde recibían una educación segregada de los niños y se las educaba para ser buenas madres y mejores esposas. Las enseñanzas que recibían los niños eran diferentes: a ellas se las instruía en economía doméstica y " en labores y enseñanzas apropiadas al hogar, a ellos en formación del espíritu nacional y en amor a la patria. La educación religiosa sí que era para todos, se exacerbaban la culpa y el pecado y el miedo a ir al infierno.
Lo más frecuente era que las niñas recibiesen sólo la educación primaria, muy pocas pasaban al bachillerato y casi ninguna a la universidad, particularmente en los primeros años del franquismo.
El ideario se basaba en la sumisión de la mujer frente al marido y en su abnegación para conseguir hacerle un hombre feliz.
Al igual que en los siglos XVI y XVII, la mujer volvió al hogar y a dedicar su vida a una familia, que solo se consideraba como tal si estaba basada en el matrimonio religioso. El hombre, como cabeza de familia, ejercía el poder, puesto que era el único que podía decidir en cuestiones económicas o legales. La mujer no podía tomar libremente ninguna decisión sobre su vida, no tenía patria potestad sobre sus hijos y precisaba autorización de su marido para cuestiones tan elementales como abrir una cuenta corriente en un banco o realizar cualquier tipo de acto público.
El trabajo fuera del hogar estaba vedado para las mujeres casadas, sólo podían trabajar si eran solteras.
Si una mujer intentaba llevar una vida distinta a la que le había marcado la sociedad del momento, quedaba excluida bajo el pretexto de que no se ajustaba a lo que se esperaba de ella.
Con estas ideas se desenvolvió mi madre y la inmensa mayoría de su generación y murieron sin ser conscientes de las potencialidades que no pudieron desarrollar.
Hasta los años 70 no se empieza a iniciar un cambio de mentalidad.
Afortunadamente, hemos avanzado mucho en la consecución de derechos de igualdad. Pero, en algunos sectores, especialmente masculinos, hay añoranza de los tiempos anteriores.
Debemos estar vigilantes para que no se produzca una involución que permita perder lo conseguido, con perjuicio para todos, hombres y mujeres.
De la sociedad en su conjunto depende.