Para Ecologistas en Acción, "el derribo de estas casas, de las que habían solicitado la declaración de Bien de Interés Cultural (junto al balneario y la fuente de agua agria), se ha producido sin las debidas garantías legales, pues, aunque la Junta de Comunidades no ha accedido a incluir las viviendas en la declaración de BIC, no se ha producido ninguna sentencia que aclare si estas casas son propiedad de la finca o de las familias de los antiguos mineros que las han transmitido a través de los años por medio de acuerdos verbales, ya que los propietarios de la finca se han negado a emitir recibos de los alquileres que abonaban los usuarios de las viviendas. A todo esto, se añade que en ningún momento se han preocupado de la recogida con las debidas garantías de los restos de uralita que han quedado esparcidos a la intemperie entre los escombros de las casas derribadas. Hay que recordar que uno de los componentes de la uralita es el amianto, y su retirada está estrictamente regulada y protocolizada debido a su toxicidad".
Además, esta acción, "en nuestra opinión no ajustada a derecho, contó con la licencia de obra del Ayuntamiento de Solana del Pino y con los informes favorables de la dirección del Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madrona, con lo que estas dos instituciones se han sumado a la Junta de Comunidades en su negativa de considerar estas casas, si no ya como BIC, al menos como bienes de interés patrimonial o elementos de interés patrimonial, figuras todas ellas recogidas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha".
Desde Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia "seguimos solicitando, y así hemos enviado hoy mismo un escrito a la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la Delegación Provincial de Cultura, la inclusión de estas viviendas como BIC, junto al balneario y la fuente agria. También pedimos la paralización definitiva de los derribos y que las instituciones insten a un acuerdo favorable entre los propietarios de la finca y los inquilinos de las casas, con el que se asegure el futuro de estas históricas viviendas, patrimonio de nuestro pasado minero y obrero. Más aún, en este año 2018, que la Comunidad Europea ha declarado Año Europeo del Patrimonio Cultural".