La alcaldesa, Mayte Fernández, que aseguró que no tenía previsto cesar al concejal Jesús Caballero, anterior concejal de movilidad, como pide Izquierda Unida, que tiene toda su confianza y que ha recibido “el peor tratamiento de una persona que se dedica al servicio de los ciudadanos y que se desvela por su ciudad. No lo voy a cesar y confío en la capacidad política, honorabilidad y sencillez de este concejal”.
Para Fernández no hay ninguna decisión política que no fuera la que se habló en el Pleno o en la comisión informativa. “Tanto la Policia Local, jefe de movilidad, intendente y concejales hicieron de forma impecable su trabajo y si hubo un error fue de procedimiento que se subsanó”.
La alcaldesa afirmó que los grupos de la oposición han montado este “circo” con el único objetivo de linchar públicamente a Jesús Caballero. “Deben pedirles perdón porque no están a la altura de este Ayuntamiento el acto tan miserable que han hecho con este concejal”.
Una comisión que Fernández recordó que surgió a través de una denuncia anónima, que judicialmente no ha tenido recorrido, “pero tenían que subirse al carro para desgastar al equipo de gobierno y al partido socialista, es un bache que nos hace más fuerte”.
Caballero no fue requerido
El concejal Jesús Caballero, reprochó que durante ocho sesiones de la comisión informativa no haya sido requerido en ningún momento y considera que existió desde un principio de judicializar el asunto mediante acusaciones de indicios graves de corrupción y hechos delictivos que en ningún momento se ha podido demostrar y la causa judicial ha quedado archivada. “Lo he pasado mal, os daba igual la ciudad, os importa más el orgullo y vuestro partido”.
Un reproche que personalizó en el grupo municipal de Izquierda Unida que ha insistido en la petición de dimisión. “Después de ocho sesiones, de horas de comparecencia y documentos, pero a mí no se me ha llamado a declarar. Ha hablado todo el mundo, no he podido responder dudas, porqué os equivocasteis os pasasteis de frenada y la única opción era una huida hacia adelante, os daba igual la persona solo buscabais el rédito electoral”.
El portavoz del grupo socialista, Miguel Peña, dijo en su turno de palabra que se ha intentado convertir esta comisión en un juicio sumarísimo, en una “forma carroñera de hacer política algunos, la foto “de las Azores”, en un afán por atacar”.
Peña recordó que la oposición dio por veraces copias de denuncias indubitadas, “no todos los agentes dieron como buenos esas denuncias” y se preguntó si hablaron de indicios de corrupción, de cadena de custodia, en qué parte forma un concejal de la misma.
Asimismo recalcó que la Policía Local hizo una campaña informativa de la nueva ordenanza de terrazas entre los hosteleros, pero ningún caso los agentes recibieron orden política alguna de retirada de denuncias.
Petición de dimisión
Antonia Berlanga, portavoz del grupo popular, defendió que jamás hubo un acuerdo en la Comisión de que no se procediera a la incoación de expedientes y tampoco que existiera una campaña informativa por parte de la Policía Local, “se daba cuenta de ello, se informaba que se continuaba con la tramitación”, y recordó que la nueva ordenanza de terrazas entró en vigor en mayo de 2013 y supuso un agravio comparativo a los hosteleros que tuvieron que pagar para ajustarse a su aplicación.
Alejandro Becerra, portavoz de Izquierda Unida, dijo que este grupo municipal no tiene nada en contra la persona de Jesús Caballero, pero no hay consonancia para que ahora pidan disculpas que en política se materializa en una dimisión “cuando las cosas se hacen mal”.
Becerra reconoció que los 80 expedientes de denuncia han sido ratificados por los agentes de la autoridad, que defendieron que no habían recibido órdenes de actuar de una forma u otra y se acreditó que todas las denuncias eran ciertas.
La responsabilidad de la oposición
Para la portavoz del grupo Ciudadanos, Irina Alonso, ha sido una negligente forma de actuar del concejal de movilidad y el jefe de movilidad, que se atribuyeron unas funciones de cuales boletines se instruían y los que no y valoró en 8.000 euros la cantidad que dejó de percibir el Ayuntamiento por la presunta retirada de estas denuncia a los hosteleros.
Una responsabilidad que extendió no solo al equipo de gobierno sino a los grupos municipales de la oposición. “Tanto IU y PP eran conocedores que se actuaban de forma irregular y no elevar la voz se convierten en consentidores. No ha fallado el señor Caballero, el resto de concejales de aquellas comisiones, todos callaron y quien calla se convierte en consentidor, ya que no hubo un correcto seguimiento de actuaciones”.
Por último, Joaquín García Cuevas Holgado, concejal no adscrito, también coincidió en que la cadena de custodia ha sufrido una alteración ha sido interrumpida y la responsabilidad política de un servidor público se encuentra cuando en el ejercicio de sus actividades incurre en actos u omisiones graves que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
Ayuntamiento de Puertollano
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