En Castilla-La Mancha, más de 150.000 contribuyentes podrán beneficiarse de las deducciones fiscales autonómicas para la campaña de la renta de 2023

Así lo ha avanzado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, junto a la consejera Portavoz, Esther Padilla, para informar sobre los asuntos adoptados por el Consejo de Gobierno; y en la que se ha presentado la campaña institucional del 2023.

Ruiz Molina, que ha estado acompañado también por la directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor, ha resaltado que se trata de un conjunto de desgravaciones fiscales, que potencian el carácter “progresivo y solidario”, que debe tener un impuesto sobre la renta. Además, ha indicado que esta política tributaria tiene el objetivo de cumplir el “compromiso” que había adquirido en el 2015, el presidente Emiliano García-Page con los agentes sociales, de “mantener congelada la presión fiscal”, incluso “reduciéndola”, a través de este paquete de deducciones que, en palabras de consejero, “benefician a las rentas medias y bajas”, haciéndolo compatible con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y que no suponga mermar la financiación de los servicios públicos, que “sustentan el Estado del Bienestar”.

Ruiz Molina se ha retrotraído al periodo comprendido entre 2018-2022, en relación al impacto económico de las deducciones fiscales, en concreto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A este respecto, el consejero ha resaltado dos datos significativos que ponen de manifiesto el esfuerzo que en materia fiscal está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha durante esos cuatro años, ya que es en 2018 cuando la Agencia Tributaria dio la información por número de declarantes, algo que permitió realizar un análisis de los datos.

El primer dato que ha destacado ha sido en relación al número de contribuyentes beneficiados por las deducciones, que se “multiplica por dos”, pasando de 69.000 a 139.000; y, en segundo lugar, el volumen de deducciones, que pasa de diez millones en 2018 a 48 millones en 2022. De esta forma, somos la “tercera comunidad autónoma con la presión fiscal más baja y estamos entre las cinco, en las que “menos IRPF se paga”, si se suman los tipos máximos y mínimos, ha indicado.

Deducciones fiscales en Castilla-La Mancha

En esta línea, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha precisado que en esta campaña en la región hay un “total de 25 desgravaciones en el tramo autonómico del IRPF” a las que pueden acogerse los contribuyentes y que, se recogen en la Ley de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha de 2013 y en la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación, aprobada en 2021, en la que se establece una política fiscal propia para hacer frente al reto demográfico.

Así, en primer lugar, se ha referido a las dirigidas a las familias, jóvenes y sectores más vulnerables, de las que ha diferenciado las que atienden a circunstancias personales y familiares, y, en otro bloque, las que son para hacer frente a determinados gastos. En relación a las primeras, Ruiz Molina, ha informado de que en este sentido están previstas deducciones por nacimiento o adopción de hijos, que varían entre 100 y 900 euros; las relativas a familia numerosa, de carácter general o especial; la deducción por familia monoparental, de 200 euros; una deducción general para mayores de 75 años y por discapacidad del contribuyente o ascendientes o descendientes.

En cuanto a las deducciones para compensar determinados gastos, hay una deducción del 30 por ciento de la cuota íntegra autonómica por gastos de guardería o centros de educación especial; una por gastos extraordinarios relacionados con la educación, hasta un máximo de 300 euros por hijo; del 15 por ciento de los gastos ocasionado a las familias por el arrendamiento de vivienda habitual; de 150 euros por el cuidado de ascendientes de mayores de 75 años; por el acogimiento no remunerado; y una deducción para menores de 40 años que trata de compensar los tipos de interés variable y que se relacione con la adquisición de su primera vivienda.

En cuanto a las deducciones para potenciar las medidas para hacer frente al reto demográfico, el consejero ha recordado que las personas con su residencia habitual y efectiva en zonas escasamente pobladas se pueden deducir hasta un 25 por ciento de la cuota íntegra, que varía en función del tamaño de la zona y del municipio; es decir, un total de 746 municipios, un 81,2 por ciento del conjunto de la región, y a más de 463.000 habitantes. En estas zonas, se ha establecido el 15 por ciento de los gastos como deducibles por adquirir, construir o rehabilitar una vivienda habitual y 500 euros por traslado de la misma por motivos laborales. En relación con otros años se ha incluido, como novedad, la ampliación de las deducciones fiscales por estancia en municipios afectados por la despoblación a los mutualistas.

Estas normas, también recogen dos medidas para incentivar la inversión empresarial y, en consecuencia, para incentivar la generación de riqueza y empleo. Se trata de una deducción de un 20 por ciento, con un límite de 4.000 euros, bien por la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital; o bien, por inversión en entidades de economía social. Y la deducción del 15 por ciento de las donaciones, realizadas para fines de cooperación internacional, para la investigación y desarrollo científico y para fines culturales y conservación del patrimonio de Castilla-La Mancha.

Financiación Autonómica de Cataluña

A preguntas de los periodistas, en relación a las declaración del presidente del Gobierno catalán en materia de financiación autonómica, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital lo ha dejado claro, señalando que es un modelo profundamente “insolidario, injusto y egoísta”, que conculca el principio de igualdad entre todos los españoles, recogido en la Constitución, y ha recordado, que todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad fiscal o económica, tienen que tener en “igualdad de condiciones” acceso a todos los servicios básicos, algo que, con el modelo que propone el Gobierno de Cataluña, no se garantiza. Es un modelo contrario al principio de justicia tributaria.

Además, ha indicado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no se va a permitir que el Gobierno catalán defina el “principio de solidaridad” que debe reinar en todo el territorio de la nación y que sean el Gobierno central y el de la Generalitat quienes establezcan los recursos a los que tienen que tener acceso el resto de territorios. En este sentido, ha asegurado que no sólo se critica que Cataluña quiera “comer a la carta mientras los demás comemos de menú del día, sino que sean los independentistas los que definan ese menú”.