En España, casi 300.000 personas esperaban en 2023 a que les asignaran un servicio o prestación del sistema de dependencia o les resolvieran algún procedimiento, mientras que 40.447 fallecieron en esa lista pendientes de ser valoradas o atendidas.
Son datos de la última evaluación del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con la información oficial del Imserso, que muestra las desigualdades entre comunidades tanto en coberturas como en modelos de gestión.
El incremento de la financiación estatal en 4.000 millones de euros con el Plan de Choque ha permitido aumentar en los últimos tres años en 287.636 las personas atendidas y el sistema reconoce a 1.567.107 dependientes con derecho a prestación al finalizar 2023, pero se necesitarán más de 8 años para alcanzar la plena atención.
La media de tramitación de un expediente de dependencia es de 324 días (97 días menos que en 2020), aunque en cuatro comunidades se acerca o supera el año (Canarias -647 días-, Andalucía -557-, Murcia -509- y Galicia -362-) y sólo cinco están por debajo de los 6 meses que establece la ley (Ceuta -68-, Castilla y León -127-, País Vasco -140-, Cantabria -173- y Navarra -178-), mientras que en Castilla-La Mancha es de 191 días.
Según el presidente de la asociación de profesionales de los servicios sociales, José Manuel Ramírez, "los servicios de bajo coste y las escasas cuantías de las prestaciones económicas siguen siendo la tónica general del Sistema, sin que se perciba una mejora substancial pese al importante incremento de financiación estatal".
El informe presentado este lunes muestra que nueve comunidades redujeron su aportación a la dependencia en 2023: Cataluña (en 57,3 millones), Andalucía (51,6 millones), Comunidad Valenciana (40,6), Madrid (15 millones), Extremadura (11), Asturias (10,8), Cantabria (8,7), Castilla y León (7,4) y Murcia (1).
Respecto al cumplimiento de los objetivos del Plan de Choque que establecía que la teleasistencia fuera un derecho subjetivo de todos los dependientes que vivieran en su domicilio, solo el 35,8 % la tiene.
Sobre la ayuda a domicilio, la intensidad media son 33,8 horas mensuales (57,9 horas para el Grado III), con un incremento de 0,3 horas mensuales respecto al año anterior.
Para Ramírez, "esos resultados tan limitados" del Plan de Choque se deben en gran parte a la complejidad de los procedimientos desde que una persona solicita que se reconozca su situación de dependencia, pero también "a la falta de voluntad política de algunos gobiernos autonómicos, que ha reducido su aportación económica haciendo caja con el incremento de financiación estatal".
Sí se ha cumplido el compromiso del Gobierno de que los asuntos que llegan a los tribunales en materia de dependencia se estudien en el orden de lo Social, lo que evitará los elevados costes y complejos y prolongados procedimientos de reclamación que hasta ahora tenían que tramitarse y resolverse por la vía contencioso-administrativa.
En la escala que realiza el observatorio con varios indicadores - como las personas atendidas, los tiempos de espera o el gasto público- diez comunidades aprueban y la media estatal baja respecto al año anterior hasta 4,94.
Castilla-La Mancha obtiene una nota de 8,3
Castilla y León y Castilla La Mancha, ambas con 8,3 puntos, encabezan esta clasificación; mientras que Cataluña y Región de Murcia, ambas con 1,7 puntos, se sitúan a la cola.
El jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha destacado que Castilla-La Mancha se ha convertido en la comunidad autónoma “más valorada, con mejor prestación y a la cabeza en la gestión de la Dependencia”.
“Aunque mi compromiso en la investidura de presidente eran 100.000 prestaciones, vamos a poder alcanzar, en estos próximos años, 115.000”, ha subrayado García-Page, al tiempo que ha deseado que todos los “incumplimientos” sean como este, “por exceso, nunca por defecto”.
Castilla-La Mancha, ha informado el Gobierno regional en una nota, se convierte así en referencia en España en la gestión de la Dependencia y cuenta ahora mismo con los mejores datos históricos de atención desde la aprobación de la Ley de Dependencia, con más de 72.000 personas atendidas diariamente, mediante cerca de 100.000 prestaciones.
Este sector genera más de 26.000 puestos de trabajo en la región y desde el Gobierno regional se destinan más de 624 millones de euros al año.
Por otro lado, el esfuerzo financiero público de las comunidades también es desigual, y así, el gasto público estimado por dependiente atendido en 2023 se situó en 6.103 €/año, cantidad que en Castilla-La Mancha asciende hasta los 6.691 euros al año.
Otros datos relevantes del sistema de dependencia:
- El 3,6 % de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria: a 1.567.107 se le ha reconocido la dependencia y 296.431 esperan algún procedimiento (117.187 pendientes de valoración y 179.244 de recibir prestación).
- Perfil del cuidador: El 73 % son mujeres, la mitad tienen entre 50 a 66 años y el 34 % son hijos.
- 77.230 personas (88 % mujeres) se encuentran dadas de alta en el Convenio Especial de Cuidadores no Profesionales, un 14,29 % del total de personas cuidadoras.
- 10.446 millones de euros fue el coste directo de las prestaciones y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia en 2023: 8.312 millones asumidos por las Administraciones Públicas (79,6 %) y los 2.134 restantes por los usuarios con el copago (20,4 %).
- Respecto a la aportación de las administraciones: el 39,6 % del gasto público directo en dependencia fue de la Administración General del Estado (6,3 puntos más que en 2022) y las comunidades aportaron en 60,4 %.
- La tasa de retorno asciende al 41,2 % del gasto en dependencia, vía impuestos o cotizaciones.
- Empleo: 339.424 empleos directos sólo en atención directa, sin considerar los que genera la valoración, tramitación y gestión en las Administraciones. Se generan 41 empleos por cada millón de euros de gasto público en dependencia.
EFE
.gif)
