Se desploma el archivo dos días después que el Ministerio de Justicia, obligado por la Inspección de Trabajo, ordenase la visita de un técnico para evaluar la seguridad y salud de los trabajadores en los Juzgados de Puertollano. Podcast con el delegado de prevención y portavoz del sindicato Justicia y progreso José Ricardo Rosales.
La inspección de Trabajo requirió, en septiembre de 2022, al Ministerio de Justicia a que realizase una revisión del Plan de Riesgos Laborales del edificio tras una denuncia del delegado de Prevención del Comité de Seguridad y Salud de Ciudad Real por constantes incumplimientos de las medidas de prevención durante las obras de remodelación de dicha sede judicial.
La sorpresa ha sido mayúscula cuando, a primera hora del jueves 23 de marzo, los operarios de la empresa que están realizando el traslado de los expedientes judiciales al nuevo archivo, han entrado en las nuevas instalaciones y se han encontrado con todas las estanterías por el suelo.
“El incidente ha debido de ocurrir de madrugada y menos mal porque si pilla a algún trabajador dentro podría haberle causado un daño muy grave”, afirma Ricardo Rosales, el delegado de Prevención que realizó la denuncia.
Justo el martes, un técnico de prevención de Quirón Prevención se había desplazado a los juzgados para realizar la evaluación de riesgos de seguridad y de salud para cumplir el requerimiento que la Inspección de Trabajo realizó al Ministerio. Durante esta visita, Rosales estuvo presente como delegado de Prevención del Comité de Seguridad y Salud de Ciudad Real y advirtió al técnico de que las estanterías del archivo, que son de un material muy pesado, estaban sin anclar y que podría resultar un peligro para los funcionarios de Auxilio Judicial que son los encargados de archivar los procedimientos.
“Además, una de las funcionarias advirtió la semana anterior a la gerencia territorial de Albacete esta posibilidad de desplome e incluso se ofreció a pagar ella misma el coste de los tornillos, a lo cual le respondieron que el anclaje de las estanterías se haría después del traslado definitivo”, explica Ricardo.
No obstante, dicha empresa tampoco se quiso hacer cargo del anclaje de las estanterías porque alegó que no entraba en el presupuesto.
“De modo que, unos por otros, durante meses nadie ha querido hacerse cargo de la realización de un simple trabajo de atornillamiento que hubiera supuesto garantizar la seguridad de las personas encargadas del archivo judicial”, añade el delegado de Prevención.
Es necesario recordar que la evaluación de riesgos de seguridad y salud de los trabajadores de los Juzgados de Puertollano se está realizando a consecuencia del requerimiento que el inspector de Trabajo y Seguridad Social realizó al Ministerio de Justicia el pasado 1 de septiembre donde, tras una actuación inspectora, se constató la existencia de posibles infracciones graves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La denuncia provino del delegado de Prevención del Comité y delegado sindical de “JyP” quien, tras varias advertencias tanto a los responsables de la empresa adjudicataria como a gerencia territorial del Ministerio de Justicia en Albacete no le quedó otro remedio que acudir a la Inspección de Trabajo para reclamar una revisión urgente del Plan de Evaluación de Riesgos del edificio para contemplar las nuevas condiciones de trabajo de los cerca de 40 funcionarios que debían sufrir las obras de remodelación del edificio en unas condiciones que no eran aptas para desarrollar su trabajo y que ya habían causado incidentes de diversa índole.
No obstante, el desplome de casi totalidad de las estanterías del archivo es sin duda el más grave y el que ha puesto en riesgo ya no sólo la salud de los trabajadores sino su propia vida.
“Nos parece inadmisible que hayamos tenido que llegar a este punto, ya que desgraciadamente este tipo de situaciones se pueden volver a repetir ya que el resto de los órganos judiciales de la provincia tampoco cuentan con un Plan de Riesgos actualizado y nos vamos a ver obligados a volver a denunciar a la Inspección el resto de incumplimientos ante la pasividad de la Administración”, concluye Rosales.
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