La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el lunes próximo el juicio por esta causa, en el que el Ministerio Fiscal imputa al acusado un delito continuado de apropiación indebida y le exige que pague una indemnización a los dos hijos de la actriz manchega de 344.707 euros, cantidad de la que supuestamente se apropió indebidamente.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, Sara Montiel y el acusado mantenían una relación de confianza a consecuencia de la cual la actriz le otorgó poderes de administración en virtud de escritura de 13 de junio de 2008 e incluso le nombró tutor en el caso de que pudiera ser incapacitada.
El acusado realizaba las gestiones de Sara Montiel a través de las sociedades Música y Estrellas, Linche y Elpi.
El fiscal explica que Francisco Fernández Peñalver realizó ese mismo año traspasos y disposiciones de efectivo no justificado por un importe de 71.600 euros desde la cuenta de Música y Estrellas a otra de la que él era titular.
Agrega que a su vez hizo otros ingresos desde su cuenta a dicha sociedad por 7.162 euros y a Linche por otros mil, de lo que se desprende que incorporó indebidamente a su patrimonio 62.438.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía en 2008 la empresa pública Don Quijote de Conmemoraciones Culturales de Castilla-La Mancha firmó con Música y Estrellas un contrato por el que la actriz se comprometía a realizar catorce galas por cada una de las cuales se le abonaron 15.080 euros.
Agrega que tras la primera gala el acusado se puso en contacto con la empresa pública para advertirles de que Música y Estrellas había cedido las obligaciones derivadas del contrato a 4 Ideas Marketing & Licensig, de la que también era administrador único.
El fiscal señala que en este caso se apropió 177.390 tras descontar 13.650 que se pagaron al pianista que acompañaba a Sara Montiel y 5.000 ingresados en la cuenta de Elpi.
Por otra parte relata que en 2009, en su calidad de administrador único de Elpi, alquiló dos viviendas en Madrid.
Explica que una estaba a su nombre y los pagos del alquiler se los hacía a él mismo, con lo que ingresó indebidamente 5.500 euros, mientras que la otra la arrendó dicha sociedad entre los meses de julio de 2008 y septiembre de 2009 por un importe de 10.450 euros, cantidad ingresada en una cuenta del acusado.
También en su condición de administrador de Elpi abrió una cuenta con un límite de 150.000 euros y garantía hipotecaria constituida sobre un apartamento de su propiedad.
Posteriormente el acusado cargó en dicha cuenta talones y ordenó transferencias que fueron abonadas a otra de la que era titular, apropiándose indebidamente, siempre según el fiscal, de 87.979 euros, y parte de esta cantidad, 62.759, la destinó a la compra de un vehículo valorado en casi cien mil.
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