En la sentencia, de 5 de junio de 2017, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados resuelven así la impugnación del silencio administrativo negativo de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha --administración que asumió las enseñanzas tras un convenio firmado con el Ayuntamiento en noviembre de 2011-- por el que se entendía desestimada la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por los 22 alumnos.
Los demandantes solicitaban, cada uno de ellos, indemnizaciones comprendidas entre los 535 y 17.224 euros como compensación por la privación de su formación, incluidos el coste integral de los exámenes, la formación teórico-práctica y gastos derivados de la obtención de la licencia. Asimismo se reclamaban daños morales y perjuicios ocasionados por la estancia en Puertollano y el lucro cesante o ganancia dejada de obtener por carecer de la licencia desde julio de 2012.
En su resolución desestimatoria de la indemnización solicitada por los alumnos, la Sala esgrime que en los últimos meses de funcionamiento de la Fundación Virtus la Administración intervino "para evitar unos daños causados a unos alumnos ya consumados y que le son ajenos, e imputables a un sujeto que no pertenece a la esfera administrativa que representa".
Tras la sucesión de hechos que condujeron a la insolvencia de la Fundación Virtus de Puertollano, que acumuló una deuda de 3,8 millones de euros, el Ayuntamiento de Puertollano y la Consejería de Educación del Gobierno Cospedal firmaron un convenio en noviembre de 2011 por el que la Junta de Comunidades asumía las instalaciones y equipamientos para garantizar la formación de los alumnos de los dos últimos cursos de la institución ante la extinción de la actividad a partir de 2012.
El Tribunal recuerda que, como consecuencia de dichos compromisos, la Consejería de Educación nombró gerente de las enseñanzas asumidas al director del Instituto 'Virgen de Gracia' e incorporó en la estructura organizativa al profesorado de la Fundación, cuya habilitación por parte de AESA le autorizaba para impartir las enseñanzas dirigidas a obtener la licencia LMA.
No obstante, el 31 de enero de 2012 los profesores provenientes de la Fundación Virtus fueron despedidos tras negarse a aceptar una contratación firme ofrecida por la Consejería --despidos que posteriormente fueron declarados improcedentes-- y sustituidos por otro personal docente del instituto que no estaba especialmente acreditado, por lo que el centro se consideró desautorizado.
El 27 de diciembre de 2011 se produjo la suspensión definitiva de las homologaciones y certificaciones obtenidas en 2009 por la Fundación Virtus.
Ahora, los magistrados consideran que la actuación de la administración regional estuvo "dirigida a evitar los daños consumados a los alumnos adoptando todas las medidas a su alcance".
"Cuando parecía que todo quedaría solucionado", prosigue la sentencia, "la administración se encontró con el obstáculo insalvable de la negativa imprevista del profesorado laboral a firmar unos contratos administrativos, que si bien no son satisfactorios desde el punto de vista de los derechos laborales en entredicho, sí nos sirven para descartar la antijuricidad de la conducta administrativa observada e imputar la responsabilidad, bien sea por el cese de las actividades docentes de una fundación ajena, a la organización administrativa demandada; o bien, a la intervención de un tercero desencadenante, con ribetes de fuerza mayor por su carácter de irresistible, inevitable e imprevisible, de los daños y perjuicios ocasionados".
Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Antes de su absorción por la Junta de Comunidades, la Fundación Virtus era mantenida con partidas presupuestarias provenientes de fondos públicos --principalmente del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades, dos de los miembros de su patronato--, pero su naturaleza legal fue la de una fundación autónoma, merced a lo cual gozó de una libertad equiparable a la de la empresa privada.
Tras su quiebra, que deparó diversos procesos judiciales, el Ayuntamiento de Puertollano solicitó en 2012 su salida del organismo al Protectorado de Fundaciones.
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