Reflexión que no arroja sino sombras e inquietudes ante las pruebas evidentes que rebelan el escaso compromiso que viene mostrando el gobierno de Castilla-La Mancha ante los graves problemas ambientales que afectan a los parques nacionales.
Además de otras cuestiones de carácter administrativo, como por ejemplo: cómo puede afectar esta nueva situación a los trabajadores y trabajadoras de estos espacios protegidos, cómo afectará a los modelos de gestión y qué intereses van a predominar ahora en ellos o con qué recursos se van a acometer las tareas pendientes que son muchas y costosas, lo que más preocupa es el rumbo de las políticas de conservación que ponga en marcha la nueva administración de las Tablas de Daimiel y Cabañeros.
En ambos casos el Gobierno de Castilla-La Mancha ha adoptado posturas contrarias a la conservación y mantenimiento de los parques nacionales como territorios representativos de dos de los ecosistemas naturales más importantes de España, el bosque mediterráneo y los humedales de interior.
En el caso de Daimiel, la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha ha quedado al descubierto en las alegaciones que ha presentado ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana al esquema de temas importantes del nuevo Plan de Demarcación. Redactadas por la Agencia del Agua de la Consejería de Agricultura califican de quimera la pretensión de recuperar los humedales de la Mancha y de mantenerlos en buen estado ecológico. Lo que se traduciría en el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua y, lo que es más grave, de la Ley de Parques Nacionales y de las Directivas Europeas de Aves y de Hábitats. Precisamente es muy llamativo que en dichas alegaciones no se incluyeran los objetivos de conservación y recuperación que se deben cumplir en el parque nacional y sí, sin embargo, las demandas de regadío y el pleno funcionamiento del trasvase desde el Tajo a la Mancha. Los dos factores que más contribuyen al lamentable estado del Parque Nacional.
En el caso de Cabañeros, igualmente la postura del Gobierno castellano-manchego ha sido y es renuente a asumir el final de la caza, por lo que ha intentado disfrazar de control de poblaciones esta actividad. También se ha opuesto a contemplar debidamente la restauración de los impactos que provocan en Cabañeros los cientos de kilómetros de vallados y tiraderos que jalonan el Parque Nacional deteriorando su flora y su fauna.
Si ese es el punto de partida del Gobierno regional sobre lo que significa gestionar dos parques nacionales, es indudable que la transferencia de competencias es una muy mala noticia. Por ello, el Ministerio debiera hacerse valedor de la protección y restauración de estos espacios o, si no, no sería extraño que en ambos, pero sobre todo en Daimiel, nos encontremos con un simple parque temático al servicio de los intereses económicos.
El recurso interpuesto por las comunidades andaluza y aragonesa ante el Tribunal Constitucional frente a la Ley 41/1997 de 5 de noviembre, dio lugar a la sentencia 194/2004 de 4 de noviembre y en ella se declara que la gestión ordinaria y habitual de los parque nacionales es competencia de las comunidades autónomas. Probablemente todo esto sea correcto desde el punto de vista jurídico; sin embargo, desde el mero sentido común es un despropósito que deja en entredicho la propia definición, el concepto, de Parque Nacional y que dificulta, en la práctica, una política homogénea y una mayor facilidad para lograr objetivos comunes, bien a nivel territorial propio, bien a nivel internacional.
Como hemos señalado anteriormente, vista la trayectoria y el ejercicio actual del gobierno de Castilla-La Mancha en la materia, es de temer que la finalización del demorado cambio de gestión (diecisiete años) sólo sirva para agravar aún más el maltrecho estado en que se encuentran las Tablas de Daimiel y en comprometer el futuro de Cabañeros.
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