El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica hoy la resolución de la convocatoria de estas subvenciones, que se enmarcan en el Acuerdo para la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP) y que tienen como finalidad impulsar y extender entre las administraciones públicas y sus empleados una formación que responda a sus necesidades, que mejore su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio y contribuya a prestar un servicio público de mayor calidad a la ciudadanía.
Tal como se recoge en la resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, se han subvencionado con 283.793,70 euros 16 para planes unitarios, que son aquellos dirigidos al personal de una sola entidad local con al menos 200 empleados públicos.
En concreto, se subvencionan los planes de formación unitarios de los ayuntamientos conquenses de Tarancón y Cuenca; los ciudadrealeños de Daimiel, Pedro Muñoz, Alcázar de San Juan, Manzanares, Puertollano, Valdepeñas, Tomelloso y La Solana; los toledanos de Illescas y Toledo y los albaceteños de Villarrobledo y Albacete. También los de la Diputación de Cuenca y la de Ciudad Real.
Para los planes de formación agrupados, que incluyen al personal de dos o más entidades locales, se han concedido 325.627,52 euros, resultando beneficiarios los ayuntamientos de Herencia, Santa Cruz de Mudela y Malagón, en la provincia de Ciudad Real, y Mota del Cuervo, en Cuenca. Asimismo, se financiarán los planes de formación agrupados de las diputaciones de Guadalajara y Toledo, la Mancomunidad de Municipios ‘Campo de Calatrava’ y la Mancomunidad de Servicios ‘Manserman’.
Finalmente, se ha concedido una subvención de 250.000 euros a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha para un plan de formación interadministrativo, dirigido al conjunto de empleados públicos locales de la región.
El Gobierno regional adelantó la convocatoria de estas subvenciones respecto a años anteriores para que se pudieran resolver antes y, por lo tanto, dar mayor tiempo a las entidades beneficiarias para ejecutar sus correspondientes planes de formación, que se podrán llevar a cabo como máximo hasta el 31 de diciembre de 2018.
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